Hay una larga historia sobre las formas en cómo los gobiernos estadounidenses han desplegado esfuerzos sitemáticos para aterrorizar y expulsar a inmigrantes, especificamente mediante tres mecanismos de expulsión que se rigen bajo imperativos racistas, coloniales y capitalistas, estos son: las deportaciones formales, las salidas “voluntarias” y las campañas de autodeportación.
Si bien es cierto, la máquina de deportación estadounidense y su burocracia moderna se edifica en el siglo XX, desde finales del siglo XVIII es posible rastrear políticas violentas desplegadas con el fin de restringir la inmigración y expulsar a personas consideradas “indeseables” de las fronteras estadounidenses, lo que aquí se enfatiza es cómo estas prácticas han resultado pilares para la reproducción de los régimenes de deportación contemporáneos. En esta lógica, podemos emarcar una breve genealogía sobre el racismo en las leyes migratorias en Estados Unidos que se han desplegado con el fin de regular la composición sociocultural y racial de la nación, rigiéndose principalmente por la supremacía de la blanquitud. Dado los límites de este espacio no se prioriza situar exhaustivamente todas las leyes de inmigración que han afectado a grupos racializados, si interesa situar algunos ejemplos que demuestran cómo estas leyes se han edificado desde una historia de racismo, discriminación y securitización.
Comenzamos con la Ley de Naturalización de 1790 que fue la primera disposición en definir la elegibilidad para la naturalización de hombres libres, blancos y propietarios de algún bien (terratenientes), excluyendo a nativos americanos y esclavos negros. El hecho de que esta ley solo incluyera a sujetos blancos significa que la nación se estaba construyendo como legalmente blanca; los indígenas o poblaciones negras no eran considerados como sujetos “dignos” de una ciudadanía estadounidense. Ocho años despues, en 1798 se promulgaron otras dos disposiciones legislativas que fueron profundizando tintes no solo racistas, sino securitarios, estas son: la Ley de Enemigos Extranjeros y la Ley de Sedición que hicieron más dificil que los inmigrantes se convirtieran en ciudadanos, además de que se consideraran amenazas potenciales, aún sin prueba de su criminalidad en EEUU, en tanto, tendrían que ser encarcelados y deportados.
En el siglo XIX se materializaron otras formas de expulsión ligadas a objetivos raciales, específicamente hacia poblaciones negras y asiáticas. En esta lógica se desplegaron una serie de disposiciones con el fin de legitimar la expulsión o para incluir bajo condiciones de explotación a migrantes. Por ejemplo, la promulgación en 1850 de la Ley de Esclavos Fugitivos que obligaba a las autoridades y a los ciudadanos blancos a ayudar en la captura de esclavos para ser devueltos a las plantaciones de algodón y caña de azúcar en Mississipi y Luisiana.
Entre 1875 y 1920, los immigrantes chinos fueron los grupos asediados que encarnaron las políticas raciales estadounidenses. Después de 1848 con el descubrimiento del oro en California, los chinos comenzaron a llegar masivamente a territorio estadounidense. Entre 1850 y 1870, debido a la creciente demanda de mano de obra barata en trabajos de minería, cocina, tabaquerías, lavanderías o en la colocación de vías para el ferrocarril transcontinental, esta población aumentó considerablemente. Aunque la mano de obra china resultó esencial para el crecimiento de Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX, los estadounidenses consideraban que los propios inmigrantes chinos representaban una amenaza existencial para la nación. En este caso, los chinos solo fueron bienvenidos en California mientras hubo la necesidad de mano de obra precarizada, después empezaron a ser blanco de violencia y hostigamiento.
En este contexto, se aperturó la primera ley de prohibición de la inmigración a EEUU que hizo legítimas las campañas racistas y violentas hacia los chinos con estadía irregularizada quienes fueron perseguidos, golpeados, linchados, masacrados y obligados a dejar sus negocios. En 1875 se promulgó la Ley Page que prohibía la entrada de trabajadores chinos, japoneses, mongoles o mujeres chinas, pues se creía que estos cuerpos femeninos estaban asociados a la promiscuidad y a la prostitución, además que resultaban ser cuerpos no aptos para la reproducción de los futuros “ciudadanos” de la nación. En 1882 se promulgó otra ley que amplificó más la exclusión hacia estos grupos de inmigrantes, esta fue la Ley de Exclusión China en 1882 (The Chinese Exclusion Act, vigente hasta 1943) que tenía como fin suspender la entrada de inmigrantes chinos a EEUU, prohibir la permanencia de inmigrantes ilegalizados chinos dentro del mismo territorio, negar su derecho a la naturalización y castigar la inmigración ilegal como un delito criminal, esto incluía las multas y encarcelamientos a cualquier persona que ayudaran a los inmigrantes chinos a ingresar al país.
A finales del siglo XIX, las campañas de autodeportación contra los chinos alimentadas por la violencia y el miedo contribuyeron a la creación de una burocracia de inmigración estadounidense que comenzó a registrar estadísticas de la población migrante expulsada. Con la aprobación de la Ley de Inmigración en 1891 se creó la primera Oficina de Inmigración encargada de administrar la aplicación de las leyes migratorias y ordenar la deportación de extranjeros que ingresaran al país de manera irregularizada. Además del primer registro estadístico como instrumento de control y administración institucional hacia la población expulsada de EEUU. Lo que se subraya es que las deportaciones formales no deben entenderse como las únicas formas de expulsión de población migrante, sino, más bien, tendrían que tomarse en cuenta otros mecanismos que EEUU ha deplegado para deportar personas. A diferencia de la deportación formal que normalmente implica audiencias costosas y estancias prolongadas en detención para personas acusadas de delitos más graves, las salidas voluntarias operan en la lógica de la velocidad y la economía sobre el derecho constitucional de las personas al debido proceso, pues habría que mencionar que las restricciones financieras y legales limitan la capacidad de la burocracia de inmigración para deportar formalmente a las personas. En el marco de las “salidas voluntarias”, los funcionarios de inmigración obligan a los inmigrantes a salir "por su propia cuenta".
Después de todo y hasta la fecha, lo que más importa a los funcionarios de inmigración es maximizar el número de expulsiones, así que el mecanismo por “salidas voluntarias” resulta esencial para el funcionamiento de la máquina de deportación. Para nadie resulta extraño que, dentro de la burocracia de inmigración, los funcionarios gozan de un poder discrecional, incluso funcionarios de bajo nivel, sin ninguna formación o conocimiento jurídico especial, han decidido por sí solos el destino de los inmigrantes irregularizados.
En el siglo XX las leyes migratorias estadounidenses tuvieron un nuevo enemigo a la mira: los inmigrantes mexicanos. A raíz de la profunda exclusión de migrantes asiáticos, los mexicanos se convirtieron en los nuevos migrantes que EEUU decidió integrar como mano de obra barata. En un principio, esta táctica resultó óptima pues, dada la cercanía geográfica, los inmigrantes mexicanos podían entrar a trabajar y luego, al concluir el permiso temporal, tendrían que regresar al país de origen. En otras palabras, cuando los inmigrantes mexicanos ya no fueran útiles, debían ser expulsados de EEUU. Las restricciones legales hacia inmigrantes mexicanos comenzaron con la creación de la Ley de Inmigración de 1924, la cual estipulaba la creación de la Patrulla Fronteriza, además de que se creo la categoría “inmigrante ilegal”. Hay dos períodos clave para pensar el flujo de personas irregularizadas del corredor migratorio México-Estados Unidos: 1) La era de las deportaciones (1921-1941) y 2) La era de los indocumentados (1965-1986).
El primer período estuvo caracterizado por recesiones y crisis consecutivas que llegó a su punto culminante con el crack bursátil de 1929 y la Gran Depresión Económica que ocasionó la expulsión, el retorno masivo y forzado de más de medio millón de migrantes mexicanos y ciudadanos estadounidenses hijos de mexicanos. Posterior a esta etapa, entre 1942-1964, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, devino un período de migración legal, ordenada y negociada bilateralmente entre México y Estados Unidos que se materializó con el Programa Brasero. El Programa Brasero se estableció en 1942 con el objetivo de reclutar trabajadores mexicanos para laborar en EEUU bajo la figura de “trabajadores invitados” en la industria agrícola. Si bien, los trabajadores reclutados tenían un contrato temporal en tanto un permiso legal para trabajar, la inmigración irregularizada comenzó a aumentar debido a las redes entre braseros, familiares y empleadores. En este contexto se fueron dinamizando dos flujos paralelos, el proveniente de la migración regular de braceros y el que devino en un flujo irregularizado/indocumentado.
Con el objetivo de intervenir en dicha problemática, el estado estadounidense produjo una segunda deportación masiva producto de la Operación Espalda Mojada. Esta operación fue un programa federal que se centró en la deportación masiva de inmigrantes indocumentados mexicanos por casi una década. Bajo esta operación se deportaron a más de un millón de mexicanos. Una vez concluido el Programa Brasero, entre 1965 y 1968 se inició la etapa de migración indocumentada donde se optó por tolerar un flujo paralelo de migración irregularizada que, aunque cubría la demanda laboral, precarizaba la fuerza de trabajo, sin derechos y explotando la mano de obra de los migrantes que no detentaban la documentación legal requerida. Si bien, en 1986 con la apertura de la Ley de Amnistía y el programa Inmigration Reform and Control Act (IRCA) se había permitido la legalización de 2.3 millones de mexicanos, paradójicamente se comenzó a agudizar una etapa de control y reforzamiento fronterizo, hubo un significativo aumento de recursos para la vigilancia en el tráfico de drogas y la aplicación de leyes de inmigración a migrantes.
Bajo esta lógica, en 1996 hubo reforzamientos a las dispociones legales migratorias que incluían la creación de procesos de expulsión acelerada que permitía que cualquier funcionario de inmigración, en lugar de un juez, ordenara la expulsiòn de inmigrantes, incluso sin tener una audiencia. En este sentido, la promulgación de la ley IIRIRA (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act) supuso un endurecimiento inédito en avalar la detención y deportación de migrantes indocumentados.
Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y con la crisis económica de 2008, Estados Unidos agudizó profundamente sus procesos securitizantes y criminalizantes que se materializaron con el aumento constante y exponencial de deportaciones masivas. Como parte de los esfuerzos para controlar la frontera estadounidense, en 2003 se creó el Departamento de Seguridad Nacional y se compuso por tres oficinas: el Servicio de Migración y Control de Aduanas o el ICE, Aduanas y Protección Fronteriza, y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. En este período comenzaron a desplegarse legislaciones, instrumentos y prácticas para aceitar esta nueva lógica de institucionalización de control fronterizo. Esto se comienza a hacer verificable, primero, con la aprobación en 2001 de la Ley Patriot Act cuyo objetivo estaba centrado en combatir el terrorismo y limitar la entrada de flujos migratorios, sobre todo irregularizados. Como parte de las operaciones materializadas respecto a esta edificación, se desplegaron acuerdos con el fin de detener y deportar a migrantes con perfiles que, según estas instituciones, son catalogados como criminales, traficantes de drogas, terroristas, así como perpetradores de actos delictivos. En 2003 el The Department of Homeland Security (DHS) creó la Operación Endgme que buscaba deportar a todos los migrantes removibles y “sospechosos del terrorismo”. La criminalización de los inmigrantes continuó reforzandose con la Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo e Inmigración Ilegal en 2005 que intentó categorizar los cruces indocumentados como delitos graves, incluso tratando de clasificar la ayuda ofrecida a migrantes como un delito.
La criminalización de los inmigrantes continuó reforzándose con la Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo e Inmigración Ilegal en 2005 que intentó categorizar los cruces indocumentados como delitos graves, incluso tratando de clasificar la ayuda ofrecida a migrantes como un delito. Desde estas lógicas, la implementación de políticas migratorias durante las administraciones de los presidentes estadounidenses de Bush Jr (2001-2009), Obama (2009-2017), Trump (2017-2020), Biden (2021-2024), Trump (2025-) no han hecho más que reforzar un régimen policial de deportación que aunque, en algunos casos, el discurso racista no está tan explícito, se utiliza el marco de la criminalidad para restringir la entrada a territorio estadounidense a ciertos grupos que históricamente han sido racializados y discriminados con el fin de construir una nación blanca, o bien, aceitar una economía de la deportabilidad.
El acontecimiento del 11 de septiembre trajo consigo un reacomodo en la política migratoria estadounidense, poniendo énfasis en el asunto de la seguridad fronteriza y la seguridad nacional. En este sentido, en 2002 se crea el Departamento de Seguridad Nacional. A partir de este contexto, las disposiciones pusieron el centro de atención a un nuevo sujeto que encarnaría la violencia de las políticas migratorias y las disposiciones legales: la niñez y las familias de los no naturalizados y no residentes de EEUU. En 2005 se reforzó la Ley de Ciudadanía que estipulaba la negación de la ciudadanía a los niños que nacieran en EEUU, cuando los padres no fueran ciudadanos o residentes de manera permanente. La administración de Barack Obama puso en marcha la política Acción Diferida para los Llegados en la infancia (DACA) que, si bien, permitió el estatus temporal legal a inmigrantes menores de 16 años, conocidos como Dreamers, también fue generando un contexto adverso. Entre 2009 a 2016, Obama rompió un récord histórico de los últimos treinta años, deportando a cerca de cinco millones de migrantes sin documentación legal requerida, ocasionando así la separación de familias de miles de niños, niñas y juventudes.
El primer arribo gubernamental de Trump estuvo marcado por una abierta, racista, xenófoba, discriminadora y violatoria política migratoria, en su campaña electoral prometía la expulsión de más de once millones de migrantes extranjeros “criminales” y pregonaba terminar con la migración indocumentada. La praxis de la operatividad de su maquinaria de deportación tuvo dimensiones alarmantes que no comenzaron estrictamente en este período gubernamental. En este contexto se profundizó la expansión de discursos antinmigrantes abiertos, discriminatorios y xenófobos, la degradación del sistema de asilo, así como la disminución de ayuda internacional, la separación forzada de menores de sus familias, la detención de estas infancias en jaulas que los sitúa en una situación deshumanizante, la prohibición del ingreso de solicitantes de asilo mediante el despliegue de programas como el MPP, abusos y maltrato hacia los migrantes detenidos, protocolos de persecución, la construcción del muro fronterizo que debía ser pagado por los mexicanos, así como el aumento de detenciones bajo la orden del Título 42. Durante su gobierno se deportaron más de dos millones de inmigrantes y otros que fueron inadmisibles para entrar a Estados Unidos.
El arribo de la administración de Biden está marcado por un contexto pandémico, lo que permitió realizar detenciones y expulsiones exprés bajo el Título 42. En este contexto, Biden efectuó 4,7 millones de repatriaciones, una cifra mayor respecto al período gubernamental de Trump. Por lo que respecta a la llegada de Trump se hizo abierto el discurso de mano dura en su política migratoria desde donde se legitimaron algunas órdenes de gobierno, tales como la creación del muro fronterizo entre México-E.E.U.U., retomar el Programa de Comunidades Seguras cuyo perímetro abarcaría incluso las Ciudades Santuario, la reforma que buscaba la suspensión del programa DACA que Obama en su gobierno uso como estrategia de reelección y que buscaba aprobar la Consideración Diferida para Jóvenes que llegaron a E.E.U.U. desde la infancia.Biden a pesar de que en discurso subrayaba su deseo de dosificar y “humanizar” la política de Trump, las experiencias nos muestran que en discurso las políticas migratorias “no tan violentas”, de igual manera, ponen en marcha mecanismos para operar las deportaciones masivas, pues durante su período deporto a casi cinco millones de migrantes.
En un contexto contemporáneo y en un segundo arribo presidencial ¿Cuál es la cifra de inmigrantes que Trump tendría que expulsar para hablar de un umbral de deportación jamás acontecido en Estados Unidos? En este punto es importante romper con la idea alarmista de que el asunto de las deportaciones masivas es reciente. Más bien, debe contextualizarse en una larga historia de racismo, xénofobia y criminalización hacia migrantes que han ingresado de manera irregularizada a Estados Unidos, una nación que ha desplegado leyes migratorias racistas con el fin de regular su composición sociocultural rigiéndose principalmente por la supremacía de la blanquitud.