- Tlaxcala
Tras años de denuncias ignoradas por distintas autoridades municipales y estatales, vecinos, comités ciudadanos y autoridades comunitarias de Santa María Atlihuetzia celebraron que, la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente ha comenzado a revisar las licencias de construcción otorgadas durante la pasada administración municipal 2021–2024, las cuales presentan múltiples irregularidades tanto de forma como de fondo.
De acuerdo con las denuncias vecinales, las licencias fueron expedidas sin cumplir con los lineamientos establecidos por la Ley para la Construcción del Estado de Tlaxcala, la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, así como el programa parcial de desarrollo urbano de Santa María Atlihuetzia, vigente desde 2007.
Los documentos debieron considerar coeficientes de ocupación, absorción y uso de suelo específicos que no fueron respetados.
Y es que comentaron que fraccionamientos enteros han sido construidos sin acceso garantizado a servicios básicos como agua potable o drenaje, mientras que a los compradores se les ofrecieron viviendas “con todos los servicios”.
Detrás de este engaño, según señalan los pobladores, hay un sistema de corrupción en el que participan constructoras, especuladores inmobiliarios y exfuncionarios municipales que se valen de trucos legales y amparos para evadir la normatividad y conectar múltiples viviendas a una sola toma de agua destinada para uso unifamiliar.
“El problema ya no es solo urbanístico, sino también social y ambiental”, afirman los habitantes, quienes alertan que el crecimiento poblacional descontrolado pondrá en riesgo el abasto de agua y la gestión de residuos sólidos urbanos en el futuro inmediato.
Además, señalan a la actual administración municipal de inacción y posible encubrimiento, pues pese a las reiteradas denuncias, no ha iniciado procedimientos para revocar las licencias ilegales ni sancionar a quienes las otorgaron. Mientras tanto, los desarrolladores siguen operando impunemente, promoviendo un modelo de vivienda sin ética ni compromiso con la calidad de vida de sus habitantes.
Por lo anterior los habitantes exigen la suspensión inmediata de las construcciones ilegales, la sanción a los exfuncionarios que otorgaron licencias fuera del marco legal, la responsabilidad penal o administrativa para las constructoras que han actuado con dolo.