El artículo 21. De la constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos dice: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.”
Tomando en consideración el Sistema de Justicia Penal actual, el papel de la Policía en la investigación de los delitos en colaboración del Ministerio Público es fundamental en la búsqueda y preservación de las pruebas, por lo que resulta realmente necesario la profesionalización de los elementos de la policía de todos los niveles como primer respondiente en los hechos delictuosos.
Tener una policía capacitada, profesional evitaría muchos problemas sociales, esto en virtud de qué la investigación de los delitos se haría de una manera más eficaz, pues la sociedad tendría la seguridad de qué al acercarse a un elemento de la policía de cualquier nivel, tendría la garantía de qué este sabría responder a sus necesidades, porque muchas veces nace la desconfianza de la sociedad en sus instituciones, sí al acercarse a un elemento de la policía, observan que estos carecen no sólo de los conocimientos, sino del profesionalismo para conducirse en algún hecho delictuoso.
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados y los Municipios, que comprende entre otros, la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva. La actuación de las instituciones de seguridad pública debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Lo que involucra a los tres niveles de gobierno con el propósito de alcanzar los fines previstos por el sistema nacional de seguridad pública, con la participación de la comunidad.
En los últimos tiempos, un porcentaje considerable de la población expresa el sentir de que la criminalidad ha desbordado a las autoridades y que el fenómeno delictivo está fuera de control. A ello además debe sumarse que debido a la poca confianza que la ciudadanía ya tiene en los órganos encargados de procurar e impartir la justicia; un elevado número de delitos no son denunciados. Por otra parte, los delincuentes saben que es poco probable que los delitos sean denunciados, y en caso de que así suceda, es remota la posibilidad de que los ilícitos resulten adecuadamente investigados y, por lo tanto, sancionados.
Las políticas en materia de Seguridad Pública que son acordadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública cuentan con recursos federales que se destinan a los estados y municipios para apoyar la realización de las metas en los temas de profesionalización de las personas que conforman a las distintas instituciones encargadas de la Seguridad Pública, para la prevención de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, su equipamiento, la construcción de infraestructura física, así como para la implementación de bases de datos útiles para los fines de seguridad pública.
Tanto las policías municipales como las estatales se habrán de integrar en un solo modelo nacional de policía, con una misma calidad y competencia profesional, así como con capacitación y responsabilidades homologadas.
Tomemos en cuenta que la seguridad pública, como bien sabemos, engloba a diversos elementos humanos, (policía municipal, policía estatal, policías de investigación, policía penitenciaria, etc.) y sin embargo, si bien es cierto la encargada de la investigación de los delitos es la policía de investigación, adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado, cierto es también que los elementos de la policía estatal como municipal son, casi siempre, los primero en llegar al lugar del hecho y tomar conocimiento de los mismos, por lo que la información que obtengan será la que lleven a juicio misma que será tomada en consideración, no solo para tramitar la integración de la carpeta de investigación, si no para conformar un caso solido que pueda ser resuelto en definitiva ante un tribunal de enjuiciamiento.
Por lo que, considerando lo observado en la experiencia laborar, es pertinente señalar que es necesario que se cuente con un Servicio Profesional de Carrera Policial para todos los cuerpos policiales (incluyendo estatales y municipales), que permita formar personal con una visión y doctrina homogéneas, que cuenten con sólidos valores y se comprometan con su labor y con su sociedad. Es un mecanismo esencial para lograr que los cuerpos policiales actúen de manera homogénea y profesional en todo el estado. Es además un poderoso mecanismo para atraer a jóvenes con alto compromiso social que deseen desarrollarse profesionalmente en la función policial. Para contar con policías confiables, profesionales y comprometidos es importante fortalecer y revalorar la imagen de los cuerpos policiales ante la sociedad. De otra manera será sumamente difícil atraer y retener a personas con valores sólidos, compromiso social y alto profesionalismo a las tareas de seguridad.
Desafortunadamente, hoy en día los grupos criminales se han vuelto cada vez más complejos y organizados en nuestro país, lo cual claramente constituye un riesgo para la sociedad, dada la alta movilidad geográfica y socioeconómica de la delincuencia organizada y la facilidad con la que se desarrollan células delictivas ante el surgimiento de cualquier oportunidad.
La insistencia de esa profesionalización de todos los elementos de policía, es porque no sólo es trabajo del policía de investigación, sino que es un trabajo en equipo que engloba tanto al Agente del Ministerio Público, como a la labor de los peritos especializados a cargo de la indagatoria, que son fundamental en la integración de la misma, y esto da como posible resultado que cualquier omisión o error cometido por falta de conocimientos o negligencia, devenga en una escuálida y débil teoría del caso y por lo tanto, en una no vinculación del proceso, un sobreseimiento o una sentencia absolutoria (dependiendo del momento procesal en el que se encuentre la investigación).