Dado que no he visto ninguna columna de Loret de Mola, de Ciro, de Alazraky o de López Dóriga en sus versiones nacionales o locales, me permití escribir unos párrafos de la corrupción institucionalizada que significa el PRIAN.
La reciente decisión de una corte de Estados Unidos, que condenó a Genaro García Luna y a su esposa a pagar más de 2,400 millones de dólares al Estado mexicano por desvío de recursos, no es solo un fallo judicial, se trata en realidad de un VEREDICTO HISTÓRICO contra un régimen de corrupción y complicidad entre poder político, empresarial y crimen organizado.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, explicó frente a la presidenta Claudia Sheinbaum con claridad cómo, durante los gobiernos del PAN y del PRI, se tejió una red de contratos simulados, empresas fachada y paraísos fiscales para saquear el dinero público. Lo hicieron desde las instituciones que supuestamente debían combatir el crimen, esas que AMLO dijo y dijo bien que se deberían ir al diablo. Usaron al Estado como plataforma de enriquecimiento ilícito.
Los contratos fraudulentos firmados entre 2009 y 2018 suman cientos de millones de dólares desviados por quienes gobernaban “con las manos limpias”, pero el alma podrida. Este juicio evidencia lo que desde hace años hemos denunciado, que el PRIAN fue un régimen narcopolítico, donde seguridad, justicia y corrupción iban de la mano.
Hoy, el gobierno de la Cuarta Transformación ha logrado, mediante la vía legal e internacional, comenzar a recuperar lo robado.
Pero el verdadero triunfo tendrá que ser el de la conciencia pública; se debe desmantelar el mito de que se puede robar sin consecuencia; acabar con la idea de que el acceso al poder es un negocio; se debe terminar esa falacia de que en política se “invierte”, para después pagar el favor.
Por eso, la lucha contra la corrupción debe ser una causa permanente, no una consigna temporal. Debe haber memoria para que el pueblo no vuelva a entregar el poder a quienes lo usaron para enriquecerse y someter.
Debido a que la oposición no tiene autoridad moral, y que los periodistas locales que pretenden ser oposición, no tienen capacidad de análisis ni habilidad de investigación, es necesario que la lucha por la no repetición sea ciudadana, de colectivos, de periodistas reales, de académicos e investigadores, que sea una labor permanente.
Lo sucedido con García Luna no es un capítulo cerrado. Es la prueba de que cuando se actúa con dignidad, inteligencia y voluntad política, es posible hacer justicia, aunque tarde.
La corrupción no es una herencia cultural. Fue una estrategia de gobierno. Y debemos erradicarla de raíz. Porque no puede haber democracia real mientras existan privilegios construidos sobre la impunidad.