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En reciente declaración la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, mencionó que durante mucho tiempo, bandas delictivas como la temida organización conocida como “Los Brujos” operaron con total libertad.
Aunque fueron detenidos en varias ocasiones, siempre lograban salir en libertad gracias a la protección de jueces cómplices. Sin embargo, la reciente captura de sus integrantes marca un punto de inflexión.
Con la nueva reforma judicial, se espera que los magistrados que encubrían a estos criminales puedan ser investigados, sancionados y destituidos. La impunidad, que durante años fue la norma, empiece a resquebrajarse.
Casos como el de “Los Brujos” revelan un patrón que se repitió durante años: detenciones frustradas, investigaciones manipuladas, pruebas desaparecidas y resoluciones judiciales sospechosamente favorables. Todo esto permitió que redes criminales vinculadas a delitos graves —como abuso sexual, extorsión y manipulación psicológica mediante prácticas esotéricas— siguieran actuando sin consecuencias.
“Era desesperante. Todo el mundo sabía quiénes eran y lo que hacían, pero nunca pasaba nada. Los soltaban como si nada”, cuenta una víctima que prefirió mantener el anonimato afirmo Cuéllar Cisneros.
Hoy, ese ciclo parece estar llegando a su fin. La creación del Tribunal de Disciplina Judicial representa una herramienta concreta para que los ciudadanos denuncien a jueces que actúen al margen de la ley. Ya no bastará con ocultar expedientes o dictar fallos a conveniencia: según la ley, quien lo haga podrá perder su cargo y enfrentar consecuencias penales.