- Tlaxcala
El auditor superior del estado, Arturo Lucio Salas Miguela, reconoció que, aunque sí existen sanciones y procedimientos en curso contra exservidores públicos, estos avanzan con lentitud debido a los tiempos procesales y limitaciones del marco normativo actual.
En entrevista, el titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) detalló que, desde 2017 a la fecha, se han presentado 140 denuncias ante diversas instancias, incluida la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal de Justicia Administrativa, por presuntas irregularidades cometidas por exfuncionarios municipales.
“Sí hay sanciones. Se llevan su tiempo, pero los procedimientos existen. Algunos incluso están detenidos. Una vez que se integran los expedientes, se presentan ante el tribunal correspondiente”, explicó Salas Miguela, aunque admitió que no reciben información sobre el estatus procesal de cada caso.
A pesar de las denuncias presentadas, solo entre un 10% y 15% de los exservidores públicos involucrados han sido sancionados. El auditor calificó esta cifra como baja, y sugirió que es necesario reformar la legislación para que las sanciones sean más ágiles y efectivas.
“Se requiere fortalecer las normas para que los procesos fluyan de manera más rápida. La lentitud no ayuda a la rendición de cuentas y deja huecos de impunidad”, señaló.
En otro tema, Salas Miguela también advirtió que la falta de experiencia técnica entre funcionarios clave en los municipios es otro factor que afecta la correcta aplicación de los recursos públicos. Subrayó que al menos 20 directores de obra pública y 10 tesoreros municipales no cumplen con el perfil adecuado, lo que deriva en errores, omisiones y observaciones frecuentes por parte del OFS.
Además, mencionó que muchos ayuntamientos no cuentan con policías certificados, lo cual también representa un incumplimiento administrativo relevante dentro de las observaciones fiscales.
El auditor hizo un llamado a los alcaldes para designar perfiles capacitados en áreas estratégicas como Tesorería y Obra Pública, a fin de evitar sanciones futuras y mejorar la eficiencia en el manejo del presupuesto municipal.