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La magistrada Fanny Margarita Amador Montes, electa con 42 mil 913 votos en la pasada jornada del 1 de junio, se perfila como la próxima presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), al haber sido la magistrada con mayor votación, tal como lo establece el artículo 79 de la Constitución local. Sin embargo, su nombramiento está en pausa debido a la ausencia de reformas secundarias que definan la temporalidad y funciones del cargo.
Aunque la Constitución estatal ya establece que la presidencia del TSJE será asignada al magistrado con mayor votación, y que su periodo será de dos años, la Ley Orgánica del Poder Judicial aún no ha sido reformada para incluir esta disposición, ni otras modificaciones esenciales para garantizar la operatividad del nuevo modelo judicial.
Entre los aspectos que deben incluirse en la reforma están: el plazo exacto para la entrada en vigor de la nueva presidencia, aspecto no previsto en las recientes reformas.
La creación del Órgano de Administración Judicial, instancia interna que se encargará de administrar la carrera judicial, sin incluir al Tribunal Electoral de Tlaxcala.
Y la definición precisa de las facultades de la presidencia del TSJE, quien actualmente también encabeza el Consejo de la Judicatura.
La propuesta de reforma fue presentada por los propios magistrados del Poder Judicial, con el fin de actualizar su marco orgánico. Sin embargo, es el Congreso del Estado quien tiene la facultad de legislar y aprobar los cambios, y con ello establecer formalmente las reglas del relevo.
Dicha iniciativa ya fue presentada en primera lectura, y se espera que en los próximos días sea turnada a las comisiones correspondientes para su dictaminación. El plazo es corto, ya que, según el acuerdo aprobado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), las magistraturas electas entrarán en funciones el 1 de septiembre, por lo que el nuevo ordenamiento deberá estar aprobado y publicado antes de esa fecha.
Actualmente, la presidencia del Tribunal está en manos de Anel Bañuelos Meneses, cuyo mandato concluye en febrero de 2026. Ante ello, surge la duda jurídica:
Dependerá de lo que el Congreso establezca en la ley secundaria para definir la presidencia del TSJE, pero la ausencia de disposiciones transitorias en la reforma constitucional deja abierta la posibilidad de interpretaciones contradictorias.
El ITE, por su parte, tiene la facultad legal de emitir acuerdos que aseguren el cumplimiento de los principios constitucionales y electorales, como certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad. No obstante, su rol es complementario, y no sustituye la obligación del Legislativo de emitir un marco normativo claro y vigente.