• Tequexquitla
  • Cristian Mastranzo Garrido
El conflicto escaló al grado de requerir la presencia de la Guardia Nacional y corporaciones policiales, aunque los pobladores dejaron claro que no permitirán la entrega de sus tierras.

Ejidatarios de San Antonio acusaran directamente a la presidenta municipal, Araceli Martínez Cortez, y al comisariado ejidal, Abel Rojas, de intentar entregar 400 hectáreas del cerro a una empresa extranjera, en lo que calificaron como un “negocio chueco” a espaldas de la comunidad.

Los inconformes denunciaron que el plan era concesionar el terreno por 50 años para la instalación de paneles solares, lo que —además de beneficiar sólo a unos cuantos— pondría en riesgo el ecosistema con tala de árboles, pérdida de magueyes y desaparición de especies nativas.

Enardecidos, los ejidatarios irrumpieron en la presidencia municipal y obligaron a abandonar la sesión al comisariado ejidal, acusando a las autoridades locales de actuar en complicidad con intereses privados.

El conflicto escaló al grado de requerir la presencia de la Guardia Nacional y corporaciones policiales, aunque los pobladores dejaron claro que no permitirán la entrega de sus tierras ni el abuso de poder de la alcaldesa, a quien responsabilizan de intentar lucrar con el patrimonio ejidal.