- Tlaxcala
La polémica estalla en el recién conformado Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Águeda Zempoalteca Pérez, magistrada electa y flamante integrante del tribunal, ha sido exhibida “supuestamente” por ocupar su nuevo puesto para favorecer sus intereses personales y cobrar laudos millonarios.
De acuerdo con fuentes internas, la ahora magistrada se niega a cumplir con el procedimiento de excusa que exigen los artículos 117 al 120 de la Ley Laboral, ignorando la norma que le obligaría a apartarse de los casos en los que mantuvo vínculos como abogada litigante.
La funcionaria no es ajena a la controversia: fue representante legal del exlíder sindical Edgar Tlapale, personaje ampliamente cuestionado y contrario a la actual dirigencia del Sindicato “7 de Mayo”. El temor entre los agremiados es claro: que la magistrada utilice su posición para beneficiar a Tlapale y vaciar las arcas municipales con laudos millonarios, disfrazados de resoluciones legales.
“Esto es un atentado contra la imparcialidad y la justicia laboral”, expresan abogados y trabajadores inconformes, quienes advierten que los municipios podrían quedar en bancarrota por decisiones tomadas bajo el velo del conflicto de interés.
La indignación crece y la ciudadanía exige la intervención inmediata del Tribunal de Disciplina Judicial y de la propia Gobernadora del Estado. Los justiciables temen que el tribunal se convierta en una maquinaria al servicio de intereses privados, mientras los ayuntamientos enfrentan deudas imposibles de pagar.
El señalamiento es contundente: la magistrada Zempoalteca Pérez no “habría” llegado para impartir justicia, sino para cobrar facturas pendientes y engordar su bolsillo con dinero público.