- Tlaxcala
El descaro y la corrupción quedaron expuestos en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, donde las magistradas Paola Sosa Vargas y Alejandra Cosetl Flores decidieron negar la toma de nota a la dirigencia legítima del Sindicato “7 de Mayo”, encabezada por Enrique Escobar, traicionando así la voluntad de los trabajadores y la propia ley.
Lo anterior luego de que las recién estrenadas y corruptas magistradas del TCyA se hayan negado a acatar la resolución del Segundo Tribunal Colegiado para dejar sin efecto cualquier acuerdo posterior y entregar la toma de nota al comité representado por Escobar.
La decisión de las funcionarias es un golpe directo a la democracia sindical y un acto de servilismo político que exhibe cómo la justicia laboral en Tlaxcala sirve solo para pagar favores y proteger intereses personales. No hubo argumentos jurídicos sólidos, ni transparencia, solo pretextos y opacidad para mantener en el poder a una dirigencia que ya perdió toda legitimidad.
Lo más grave es que la administración de Karina Erazo carece de Comité de Vigilancia, lo que anula cualquier acto o acuerdo que emane de su supuesto liderazgo. Aun así, las magistradas optaron por cerrar los ojos ante la ilegalidad y prolongar un conflicto que hunde al sindicato en la desconfianza y el desorden.
Con su actuación, Sosa Vargas y Cosetl Flores sepultan lo poco que quedaba de credibilidad en el Tribunal, dejando claro que la justicia laboral en Tlaxcala está secuestrada por los intereses políticos y no por el respeto a la ley.
Mientras los trabajadores exigen certeza y transparencia, las magistradas prefieren manipular el proceso y proteger a quien mejor les conviene, demostrando que en el Tribunal la corrupción se viste de toga y se firma con sello oficial.