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Con el objetivo de garantizar un manejo más justo, transparente y sustentable del recurso hídrico en la entidad, la diputada Gabriela Hernández Islas presentó una iniciativa para reformar el marco legal en materia de administración del agua en Tlaxcala. La propuesta busca que las comunidades tengan voz y voto en las decisiones relacionadas con el uso, distribución y cuidado del líquido, ante los problemas de escasez y conflictos sociales que se han agravado en diferentes municipios.
Actualmente, diversas concesiones de agua son otorgadas sin consultar a la población afectada, situación que ha derivado en sobreexplotación de mantos acuíferos, contaminación y tensiones entre empresas y habitantes. Ante este escenario, la iniciativa de la legisladora propone mecanismos de participación ciudadana que permitan frenar prácticas discrecionales y prioricen el acceso al agua como derecho humano.
Entre los principales cambios impulsados por la diputada Hernández Islas se encuentra la creación de los Consejos Consultivos Ciudadanos Municipales del Agua, conformados por representantes comunitarios, especialistas en el tema y organizaciones civiles ambientales. Dichos consejos serán honoríficos y tendrán la facultad de participar en la planeación, vigilancia y distribución del recurso en cada municipio.
Además, su intervención será obligatoria en decisiones sobre nuevas concesiones. Es decir, cualquier autorización para uso industrial o comercial deberá contar con una opinión colegiada y por escrito de estos órganos. En caso de escasez, no podrán otorgarse permisos sin estudios técnicos que aseguren el abastecimiento para la población local.
La reforma también ajusta disposiciones de la Ley Municipal para garantizar coordinación entre autoridades locales, estatales y federales en materia de suministro de agua potable.
De acuerdo con la legisladora, la iniciativa responde a compromisos internacionales en defensa del medio ambiente y derechos humanos, como la Agenda 2030 y el Acuerdo de Escazú. Señaló que el objetivo final es avanzar hacia una gestión democrática del agua, donde las decisiones se tomen de manera colectiva, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.