- Tlaxcala
“En Tlaxcala, la nueva historia de la que presume la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros se escribe con impunidad e ignorancia de los nuevos servidores públicos, justamente de quienes aparecieron en los ´acordeones´ en la pasada elección de juristas, los mismos que han incurrido en un excesivo burocratismo en cuanto a la aplicación de la ley, así lo afirmaron litigantes al denunciar que en escaso mes y medio, ese ha sido el desempeño de los funcionarios del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) recientemente electo.
Las críticas se centran principalmente en la magistrada presidenta, Paola Sosa Vargas y el resto de los magistrados, quienes se han conducido con desconocimiento e inexperiencia en la aplicación de la ley, pues de acuerdo con las opiniones vertidas por los quejosos, los magistrados “son personas totalmente desconocidas en el ámbito de la abogacía, demostrado un absoluto desconocimiento de los procedimientos para administrar justicia laboral, situación que obedece a que nunca la han ejercido”.
De acuerdo con las denuncias de los litigantes, los nuevos magistrados se han negado a escuchar a los litigantes para atender el trámite de los asuntos que se ventilan en dicho tribunal, además de que, "es absolutamente manifiesta la ignorancia de los integrantes de este Tribunal, pues una de las principales críticas es el burocratismo excesivo que impera en este lugar”.
Destacaron que los acuerdos, audiencias y resoluciones se programan con demasiado tiempo, inobservando lo establecido en el artículo 17 de la Carta Magna, el cual establece que la justicia debe ser pronta y expedita.
Pusieron como ejemplo de esta dilación, el caso de un juicio cuyo procedimiento ya está concluido y solo falta ejecutar el laudo y a pesar de que el actor formuló la planilla de liquidación de salarios caídos, todo continúa detenido.
Y es que la audiencia incidental se desahogó el 5 de agosto de este año, pero a más de dos meses de la audiencia, el expediente se encuentra bajo resguardo y “ya ni siquiera dejan a las partes consultarlo”.
Los abogados exigieron que la presidenta del TCyA por lo menos lea el Reglamento del Tribunal o la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, en cuyos documentos se establece que todos los magistrados deben atender a los litigantes en horario laboral.
La situación se agrava con el trato que reciben los abogados, ya que la presidenta ha convertido a sus auxiliares en “meros guaruras”, pues cada vez que un litigante busca una audiencia con ella, solo se permite la entrada con previa cita y ésta es programada hasta un mes después de la solicitud.