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La diputada Gabriela Hernández Islas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, marcó un precedente en la LXV Legislatura al presentar una de las iniciativas más amplias y progresistas en materia de igualdad y no discriminación que se hayan propuesto en Tlaxcala.
La legisladora sometió al Pleno un proyecto de decreto que reforma diez leyes estatales, con el objetivo de asegurar que las personas transexuales, transgénero y no binarias cuenten por primera vez con un acceso real, digno y protegido al empleo formal tanto en el sector público como en el privado.
Hernández Islas planteó la creación de un mecanismo de inclusión laboral obligatorio, mediante el cual las instituciones estatales, ayuntamientos, organismos autónomos y órganos electorales deberán garantizar al menos 3% de su plantilla para personas pertenecientes a estas poblaciones históricamente vulneradas.
Además, la propuesta incorpora un incentivo fiscal pionero en la entidad: la exención del 100% del impuesto sobre nómina para empresas que contraten personas trans, convirtiéndose en una medida concreta que impulsa al sector privado a sumarse a la construcción de espacios laborales inclusivos.
La legisladora puntualizó que, pese a los avances federales en materia de reconocimiento de identidad, la falta de oportunidades laborales sigue siendo una barrera crítica, lo que obliga a muchas personas trans a desempeñarse en empleos precarios o sin seguridad social.
“El Estado tiene la obligación de corregir desigualdades históricas y crear condiciones reales para que todas las personas vivan con dignidad. Este decreto coloca a Tlaxcala a la vanguardia nacional en derechos humanos”, enfatizó Hernández Islas al presentar la iniciativa.
La diputada también destacó que países como Argentina, Uruguay, España y varias entidades europeas ya cuentan con cuotas laborales o normativas específicas para atender la discriminación estructural hacia la población trans, y que Tlaxcala puede convertirse en referente nacional al legislar en la misma ruta de justicia social.
De aprobarse, las dependencias tendrán un plazo de un año para adecuar reglamentos, capacitar personal y ajustar su organización interna, sin incrementar su plantilla, con el fin de cumplir plenamente con la inclusión laboral establecida en el decreto.
Con esta iniciativa, Gabriela Hernández Islas reafirma su posición como una de las voces más firmes en favor de los derechos humanos en el Congreso local y consolida una agenda progresista que busca transformar de fondo las condiciones de vida de grupos históricamente marginados.