- Educación
Aún sin iniciar oficialmente el periodo vacacional, el CECyTE Tlaxcala enfrenta fuertes señalamientos internos por presuntos privilegios, ausencias injustificadas y abandono de funciones, situaciones que apuntan directamente a la gestión del director general, Blas Marvin Mora.
De acuerdo con denuncias del propio personal, el titular del subsistema habría autorizado vacaciones anticipadas a funcionarias cercanas a la dirección, mientras trabajadores de confianza continúan laborando de manera normal y cargando con pendientes administrativos. Esta práctica —afirman— ha generado molestia, desgaste laboral y una evidente inequidad dentro de la institución.
Uno de los casos más señalados es el de Jaquely, quien incluso habría hecho públicas en redes sociales sus vacaciones familiares, pese a que el calendario laboral del CECyTE no contempla aún el receso. Para los inconformes, este hecho refuerza la percepción de trato preferencial y nepotismo tolerado desde la dirección general.
La inconformidad aumenta con el señalamiento contra la directora académica de EMSAD, Martha Esther González Lira, quien presuntamente se encuentra de viaje en Francia, dejando a su cargo áreas con pendientes y personal sin atención directa. Trabajadores aseguran que su ausencia ha provocado rezagos y desorganización en procesos clave.
Personal consultado sostiene que, desde la llegada de Blas Marvin Mora, el CECyTE ha vivido un clima de permisos discrecionales, viajes y constantes celebraciones para un grupo reducido de colaboradores cercanos al director, integrado —según las denuncias— por integrantes de su staff como Ana Laura, Ángel, Yulibet y Mónica Cruz, mientras el resto del personal enfrenta cargas laborales sin el mismo trato.
Ante este escenario, se hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que investiguen la actuación del director general y de los mandos señalados, revisen la legalidad de los permisos otorgados y garanticen el cumplimiento de responsabilidades administrativas en un organismo educativo que subrayan los denunciantes debería priorizar el servicio público y no los privilegios personales.