- Gobierno
El movimiento ciudadano “Salvemos al Parque de la Juventud” emitió un posicionamiento para deslindarse de presuntas reuniones privadas entre autoridades del Gobierno estatal y exintegrantes del colectivo, realizadas en el contexto del proyecto conocido como “Ciudad de la Juventud”.
De acuerdo con la agrupación, estos encuentros habrían ocurrido “a puertas cerradas” y sin representación legítima de la ciudadanía organizada, lo que califican como una simulación de diálogo y una falta de transparencia institucional.
El colectivo afirmó que no reconoce acuerdos ni acercamientos que no provengan de vocerías formales, y advirtió que cualquier decisión relacionada con el Parque de la Juventud debe pasar por procesos abiertos, verificables y con participación comunitaria real.
Insistieron en que no se puede negociar el futuro de un espacio público sin la presencia de vecinos, especialistas, jóvenes y usuarios directos del parque.
El conflicto por este espacio verde se intensificó desde que el Gobierno impulsó el proyecto “Ciudad de la Juventud”, el cual contempla infraestructura sobre una zona considerada uno de los pocos pulmones verdes urbanos del municipio.
Diversos grupos ambientalistas y expertos cuestionaron la falta de estudios ambientales, permisos y diagnósticos técnicos, situación que derivó en una suspensión provisional de la obra. Ese freno temporal ha sido interpretado por organizaciones civiles como una oportunidad para revisar la pertinencia del proyecto y medir impactos en biodiversidad, movilidad, uso de suelo, disponibilidad de áreas verdes y acceso comunitario.
Para los activistas, lo que está en juego no es únicamente el destino del parque, sino la manera en que se toman decisiones públicas sobre bienes comunes.
Denunciaron que la ciudad enfrenta un modelo de crecimiento que prioriza la infraestructura sobre la conservación ambiental, y que la pérdida de espacios naturales urbanos incide en la temperatura, la calidad del aire y la salud colectiva.
Mientras el proyecto continúa detenido, el colectivo exige información oficial, mesas públicas y diálogo transparente.
En su postura, el caso no debe resolverse en oficinas ni en reuniones exclusivas, sino en procesos con ciudadanía informada y con respeto al estado de derecho.