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El nombramiento de Ricardo Peralta Saucedo como encargado de Casa Tlaxcala en la Ciudad de México por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros representa un nuevo capítulo en la saga de opacidad, favoritismos y cuestionables alianzas que han marcado el gobierno morenista en Tlaxcala.
Lejos de ser un acto de fortalecimiento institucional, esta designación huele a recompensa política para un operador del obradorismo más controvertido, cuya trayectoria está salpicada de acusaciones graves que la mandataria parece ignorar deliberadamente.
Peralta, exsubsecretario de Gobernación y exadministrador de Aduanas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue señalado en 2020 por el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de reunirse con líderes de grupos delictivos como la Columna Armada Pedro J. Méndez, vinculada al Cártel del Golfo.
Periodistas como Anabel Hernández han ampliado estas denuncias, describiéndolo como un “negociador del narco” en varios estados, permitiendo el crecimiento de células criminales bajo el pretexto de diálogos con autodefensas.
Aunque Peralta las negó como ataques políticos y AMLO rechazó negociaciones con delincuentes, el timing de su salida de la SEGOB —oficialmente por “austeridad”— coincidió sospechosamente con el escándalo.
A esto se suman señalamientos de irregularidades en Aduanas, como corrupción en fronteras y nexos con “empresas fantasma” en Baja California, según reportes periodísticos.
Su rol como fundador de la Alianza Patriótica Nacional —un brazo ideológico de la 4T— lo convierte en un activista partidista más que en un servidor público neutral, lo que choca con el supuesto compromiso de Morena contra el uso de cargos para fines electorales.
En Tlaxcala, donde Cuéllar cierra su administración con aprobaciones catastróficas (alrededor del 10-28% según encuestas recientes de Arias Consultores y FactoMétrica), este nombramiento refuerza la percepción de un gobierno capturado por el “clan Tabasco” —el círculo de Adán Augusto López Hernández, cercano a Peralta—.
¿Por qué premiar a alguien con este bagaje en una oficina que representa al estado en la capital? La respuesta parece clara: lealtades por encima de la transparencia y el interés público.
Tlaxcala ya arrastra escándalos como el nombramiento fugaz de un chofer de la gobernadora como juez especializado en violencia de género (destituido tras protestas), o la protección a exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado.
Designar a Peralta equivale a importar controversias federales a un estado que merece representantes impecables, no operadores con sombras que erosionan aún más la credibilidad de una administración en caída libre.