En Tlaxcala, el ejercicio del poder parece haber cruzado una línea peligrosa: aquella donde la política deja de ser debate y se convierte en operación de desgaste, mentira sistemática y uso faccioso de los recursos públicos. Lo que ocurre hoy en el estado no es un episodio aislado, sino la expresión de un grupo gobernante que, ante la falta de resultados y legitimidad social, ha optado por la ruta más vieja y más ruin: atacar, presionar y simular.
Las versiones públicas sobre la contratación de empresas extranjeras para operar campañas de ataque digital contra la senadora Ana Lilia Rivera Rivera no solo exhiben una práctica reprobable; revelan miedo. Miedo a una figura política con trabajo acreditado, con cercanía real con la gente y con autoridad moral. Cuando el adversario no se enfrenta con ideas ni resultados, se le intenta anular con lodo.
A ello se suma una práctica aún más grave y profundamente corrosiva: la utilización descarada de recursos públicos y la presión directa a la burocracia estatal y municipal para asistir a eventos en respaldo del alcalde de Tlaxcala. No se trata de apoyo voluntario ni de convicción política; se trata de coacción, de listas, de advertencias veladas y de un aparato que confunde gobierno con campaña.
Sin embargo, todo indica que esta estrategia está destinada al fracaso. El tiro amenaza con salirles por la culata. En oficinas, dependencias y pasillos gubernamentales crece una inconformidad silenciosa, un hartazgo que no se mide en discursos, pero sí en desilusión, enojo y pérdida de lealtades. La burocracia no es ciega, ni muda, ni eternamente sumisa.
La población del municipio de Tlaxcala tampoco es ajena a este desgaste. La realidad cotidiana —calles deterioradas, servicios deficientes, falta de rumbo— contrasta brutalmente con la propaganda oficial. Y cuando la narrativa se divorcia de la realidad, la mentira se vuelve evidente. Hoy, la credibilidad del alcalde Alfonso Sánchez García está severamente erosionada, no por ataques externos, sino por su propio desempeño.
Particularmente grave es la pretensión de engañar sobre un supuesto respaldo presidencial a la candidatura del alcalde. No solo es una falsedad burda; es una falta de respeto institucional y una manipulación política que subestima la inteligencia ciudadana. La presidenta no necesita ser usada como escudo ni como aval de proyectos locales sin sustento social.
Más delicado aún resulta el silencio —o peor, la omisión funcional— de quienes tienen responsabilidad política y ética dentro del movimiento. La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Marcela González Castillo, no pueden desentenderse de prácticas que atentan contra la legalidad, la ética pública y la unidad del partido. Callar frente a estos excesos es, en los hechos, tolerarlos.
Morena nació para desterrar estas prácticas, no para reproducirlas con nuevos nombres. El uso del poder para imponer, intimidar o mentir no solo daña a una senadora o a un grupo político: erosiona la confianza ciudadana y vacía de contenido la palabra transformación.
La historia política es clara: cuando un gobierno necesita obligar, mentir y simular apoyo, es porque ya lo perdió. Y en Tlaxcala, cada acto de presión, cada mentira evidente y cada abuso de recursos públicos no fortalece al poder, lo desnuda.