- Política
Tlaxcala sangra recursos mientras la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ejecuta un desfalco institucional para financiar la campaña anticipada de su sucesor. No es política, es un asalto al erario: la suma de los miles de gorras, calcomanías, camisetas, lonas, panfletos y cientos de bardas que inundan el estado con la campaña electoral de Alfonso Sánchez García, representa una inversión millonaria de origen opaco que solo puede explicarse mediante el desvío de dinero público.
Especialistas en procesos electorales que han participado en las instituciones que organizan votaciones en la entidad, calculan que el gasto “invertido” por la gobernadora Lorena Cuéllar en su proyecto sucesorio es de más de 300 millones de pesos, por lo que se está observando en pago de notas periodísticas, entrevistas en medios de comunicación, encuestas falsas, impresos y ropa, movilización de brigadas con alimentación, pinta de bardas, reuniones electorales disfrazadas de convivencias sociales, “tamalizas”, etcétera.
El cinismo de la administración "lorenista" ha cruzado la línea del delito electoral. El centro de operaciones de este fraude tiene nombre: Salvador "Chava" Ballesteros, esposo de la mandataria, quien actúa como el gran capataz de una red de extorsión laboral. Los burócratas, convertidos en rehenes, son obligados a tapizar sus autos y los de sus familias con propaganda, bajo la amenaza directa de perder su sustento.
Se les exige el envío de fotos como prueba de sumisión, una táctica de terrorismo administrativo que humilla la dignidad del trabajador para inflar artificialmente una candidatura que no nace del pueblo, sino de la imposición en Morena rumbo a la sucesión del 2027.
Tlaxcala vive bajo una cleptocracia electoral donde la gobernadora pretende comprar el 2027 con el dinero de los ciudadanos y el miedo de sus empleados. Es un insulto a la democracia y una bofetada a la pobreza del estado.