Hay declaraciones que no sólo insultan la inteligencia ciudadana, sino que además pretenden normalizar prácticas que la sociedad tlaxcalteca conoce de sobra. El alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, decidió ensayar el papel de víctima y paladín de la legalidad al asegurar que en su partido habrá “disciplina y piso parejo”, que no usa recursos públicos y que la posición de su esposa, la presidenta estatal de Morena, “ni le beneficia ni le perjudica”.
Dicho así, suena casi conmovedor. Sin embargo, los hechos, tercos como son, lo contradicen todos los días.
En entrevista con La Jornada de Oriente, el alcalde negó ser “delfín”, rechazó el uso de recursos públicos y prometió borrar bardas con su nombre y proceder legalmente contra los responsables. Pero Tlaxcala no es un laboratorio de ingenuos.
Las bardas no se pintan solas, los eventos no se llenan por generación espontánea y la infraestructura gubernamental y partidista no se mueve sin instrucciones claras. En redes sociales circulan denuncias sobre funcionarios obligados a pintar bardas y a participar, con sonrisa forzada, en actos proselitistas disfrazados de convivencia, como las célebres “tamalizas”. ¿De verdad alguien cree que todo eso ocurre sin conocimiento —y beneficio— del alcalde?
Resulta particularmente ofensivo el intento de minimizar el peso político de su esposa, Marcela González Castillo, presidenta estatal de Morena. Decir que su posición “ni le beneficia ni le perjudica” es una burla abierta. No sólo es su cónyuge, es la dirigente partidista que lo placea en actos internos, controla tiempos, micrófonos y agendas, y omite sistemáticamente invitar o visibilizar a otros aspirantes a la candidatura al gobierno del estado. Eso no es piso parejo; es alfombra roja familiar.
Si el alcalde realmente creyera en la congruencia que pregona, el primer paso sería solicitar licencia al cargo. Gobernar una capital mientras se promueve —aunque lo niegue— como aspirante, usando la estructura municipal, la del partido y la del gobierno del estado, es una ventaja indebida. Más aún cuando anuncia acciones legales que, hasta ahora, sólo existen en el discurso. No hay denuncias claras, no hay responsables sancionados, no hay más que palabras huecas y un intento desesperado por lavarse las manos.
Este comportamiento no es aislado. Forma parte de una clase política y familiar que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, empeñada en heredar el poder y, de paso, asegurar impunidad frente a señalamientos de corrupción ampliamente documentados en diversos medios. El mensaje es claro: las reglas aplican para los otros, no para el círculo cercano al poder.
Nada de esto es nuevo. Las mañas políticas tienen historia y apellido. El alcalde parece haber aprendido bien de su padre, el exgobernador Alfonso Sánchez Anaya, quien en su momento no logró imponer a su esposa, Maricarmen García. Hoy, la lección se intenta repetir, pero con el hijo como beneficiario directo de un proyecto patrimonialista que confunde al estado con herencia familiar.
Tlaxcala merece algo mejor que esta comedia del “yo no fui”. Merece transparencia, reglas claras y políticos que no subestimen a una ciudadanía cansada de simulaciones. Porque cuando el discurso habla de piso parejo, pero las bardas gritan un nombre, la farsa queda al descubierto mientras la autoridad electoral deja pasar todo acomodándose en su apacible asiento.