- Política
En un acto de descaro absoluto, el alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, ha cruzado todas las líneas rojas de la legalidad electoral. Desde su oficina, graba videos y publica en redes sociales luciendo un chaleco color guinda con el logotipo oficial de Morena, partido al que pertenece, mientras "informa" al pueblo sobre supuestos logros y resultados obtenidos mediante entrevistas.
Es una violación flagrante a las disposiciones electorales que prohíben a los servidores públicos en funciones utilizar símbolos, emblemas o colores que identifiquen a un partido político, especialmente cuando se difunden mensajes que promueven su imagen personal con fines electorales.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en sus artículos relacionados con la propaganda y el principio de imparcialidad (artículo 134 constitucional y lineamientos del INE), establece con claridad que los funcionarios no pueden emplear recursos públicos ni elementos partidistas para promocionarse.
Prohíbe expresamente la propaganda que incluya logotipos de partidos en vestimenta o materiales institucionales, ya que esto constituye promoción personalizada y vulnera la equidad en la contienda. El uso del chaleco guinda no es inocente: es una declaración abierta de militancia y aspiración, disfrazada de "información oficial" desde un espacio gubernamental.
Pero el cinismo de Sánchez García no se detiene ahí.
Fotografías y videos, compartidos en redes sociales del Ayuntamiento, acompañado de boletines de prensa oficiales, forma parte de una estrategia más amplia orquestada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien desde hace más de dos meses impulsa una campaña anticipada descarada para imponer a su "delfín" como candidato de Morena rumbo a la sucesión de 2027.
Bardas pintadas con mensajes alusivos, espectaculares millonarios, lonas, volantes y brigadas pagadas con recursos públicos inundan Tlaxcala.
Servidores estatales y municipales son coaccionados para participar en esta operación, bajo la mirada complaciente —o ciega— de la dirigencia nacional de Morena y las autoridades electorales locales y federales.
Ya no le importa a Alfonso Sánchez violar la ley. Lo hace a plena luz del día, desde su escritorio oficial, con el emblema partidista en el pecho, mientras la gobernadora mueve hilos para adelantar la encuesta de selección —que parece pospuesta a mayo— y blindar su legado corrupto. Esta imposición no solo burla la equidad democrática, sino que humilla a los tlaxcaltecas, obligándolos a presenciar cómo el erario financia un feudo familiar.