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La estrategia del gobierno estatal para justificar las llamadas Jornadas Cumpliendo al Pueblo terminó en una verdadera torpeza luego de que el consejero jurídico Rubén Terán asumiera la defensa legal de dichas actividades ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), en medio de acusaciones por presunta promoción personalizada de la gobernadora Lorena Cuéllar.
De acuerdo con el recurso presentado por el PRD, las jornadas podrían representar una violación al artículo 134 de la Constitución federal y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, debido al uso de recursos públicos para difundir logros de gobierno con posible impacto político.
La polémica se intensificó cuando Terán entregó al órgano electoral la respuesta oficial del gobierno estatal, un documento donde se aprecia una defensa débil y contradictoria. En su argumentación, el funcionario reconoce que en las jornadas se difunden acciones, programas y avances de la administración estatal dirigidos a la población de los municipios visitados.
Sin embargo, en otro punto del mismo documento sostiene que estas actividades no forman parte del informe anual de gobierno ni derivan del ejercicio fiscal 2025, sino que se trata de un mecanismo distinto de comunicación institucional.
Esta postura resulta incongruente, pues primero admite la difusión de logros gubernamentales y posteriormente intenta deslindar esas acciones del informe oficial para evitar posibles sanciones electorales.
Su pésima intervención y la ignorancia mostrada ante la presentación de este tipo de recursos es el reflejo de la torpeza e irresponsabilidad administrativa y jurídica con la que se conduce el funcionario y podría terminar perjudicando más al gobierno estatal que ayudándolo, especialmente si el ITE decide imponer medidas cautelares contra la administración.
El caso recuerda precedentes en Tlaxcala donde autoridades fueron sancionadas por promoción personalizada utilizando recursos públicos, lo que aumenta la presión sobre la defensa jurídica del gobierno estatal.
Mientras el órgano electoral analiza el expediente, el desempeño de Rubén Terán como consejero jurídico ha sido exhibido por la torpeza lo que podría generar consecuencias políticas y legales para la actual administración.