- Texoloc
Mientras públicamente presumen cercanía con la gente y se presentan como una familia “comprometida con el pueblo”, en los hechos la diputada Maribel Cervantes Hernández y su hijo, el exdiputado y exalcalde de Texoloc Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, vuelven a colocarse en el centro de la polémica por presuntos beneficios a un negocio inmobiliario familiar.
Los llamados “benefactores sociales” parecen más interesados en los reflectores y en el exhibicionismo mediático que en atender las verdaderas necesidades de la población. Y es que, mientras presumen ayudar a los demás, detrás de escena se mueven gestiones que apuntan directamente a favorecer intereses particulares de la familia.
De acuerdo con versiones que circulan en Texoloc, en un fraccionamiento ligado a los Covarrubias ya comenzaron a instalar postes y cableado eléctrico con apoyo de la Comisión Federal de Electricidad, pese a que se trata de calles privadas que habrían sido “municipalizadas” en los últimos días de la administración municipal encabezada por Arturo Covarrubias Cervantes.
El detalle que ha levantado sospechas es que los terrenos ni siquiera corresponden plenamente al municipio de Texoloc, sino al municipio de Tlaxcala, lo que abre interrogantes sobre qué autoridad autorizó realmente las gestiones para introducir infraestructura pública en un terreno que, hasta ahora, luce más como un proyecto inmobiliario familiar que como una necesidad social.
Lo más llamativo es que en el lugar no existe una sola vivienda, pero sí destaca un enorme anuncio que promociona el desarrollo inmobiliario de la familia Covarrubias, lo que deja entrever que las obras podrían estar orientadas a elevar el valor de un negocio privado utilizando gestiones públicas.
Ante esta situación, ciudadanos aseguraron que si el Ayuntamiento de Texoloc o el de Tlaxcala autorizó la instalación de postes y cableado, o si se trató de una gestión realizada al amparo de los últimos días de poder de la familia dentro del gobierno municipal.
Una vez más, la familia Covarrubias queda bajo la lupa. Porque mientras se presentan como defensores del pueblo, sus acciones parecen demostrar que la prioridad no es la comunidad, sino los negocios propios, confirmando la percepción de que detrás del discurso social se esconde una ambición política y económica que siempre termina beneficiando a los mismos de siempre.