- Educación
Una denuncia de trabajadores docentes, administrativos y de confianza, revela un presunto entramado de abusos de poder, acoso laboral sistemático, manipulación de recursos públicos y posibles delitos electorales al interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (COBAT). Los señalamientos son en contra ser director general José Alonso Trujillo Domínguez, junto con funcionarios clave de áreas administrativas, jurídicas y de control interno.
De acuerdo con la documentación y relatos recabados, durante 2025 se habría consolidado un clima de hostigamiento institucionalizado. Trabajadores denunciaron cambios arbitrarios de adscripción, amenazas veladas, presiones para renunciar o jubilarse anticipadamente, así como la apertura de procedimientos administrativos sin sustento legal. Estas prácticas, aseguran, han sido ejecutadas en coordinación entre la Dirección General, la Subdirección Jurídica, la Contraloría Interna y el área de Recursos Humanos.
Uno de los puntos más delicados es la presunta usurpación de funciones y concentración de poder en figuras como el contralor interno Erick Gómez Lecona, quien —según la denuncia— no cumpliría con el perfil legal requerido para el cargo y habría sido designado fuera de los cauces normativos. A este funcionario se le atribuye control directo sobre decisiones clave como movimientos de personal, pagos de nómina y prestaciones, desplazando incluso al director administrativo, señalado por trabajadores como una figura sin autonomía real.
La crisis también alcanza el ámbito financiero. Empleados acusan retrasos injustificados en el pago de prestaciones, recortes indebidos y manejo discrecional de recursos, lo que derivó en protestas laborales a finales de 2025. A ello se suma el señalamiento de gastos excesivos en eventos institucionales mientras derechos básicos del personal eran vulnerados.
En el terreno académico, la directora Norma Alicia Sánchez Calderón es señalada por presuntas irregularidades en la asignación de cargas horarias, favoreciendo a ciertos docentes sin cumplir perfiles adecuados y tolerando ausencias injustificadas. Además, se le acusa de mantener una actitud autoritaria y de presumir respaldo político para mantenerse en el cargo.
Pero los señalamientos no se limitan al ámbito administrativo. La denuncia describe un ambiente laboral tóxico marcado por expresiones discriminatorias, comentarios ofensivos y conductas que podrían constituir acoso laboral y sexual.