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El desalojo de campesinos en la carretera México–Veracruz, a la altura de Nanacamilpa, detonó una nueva confrontación política en Tlaxcala, por lo que la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) elevó el tono y exigió la salida inmediata de los responsables de la política interna y la seguridad pública, a quienes acusa de haber respondido con fuerza a una protesta legítima.
El señalamiento fue en contra el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, a quien responsabilizó por la intervención “desmedida” contra productores que exigían mejores condiciones para la venta del maíz.
Desde la óptica del PRD, el operativo no solo fue errático, sino que exhibe —aseguran— un patrón de cerrazón política en la administración encabezada por Lorena Cuéllar Cisneros. La crítica apunta a que, lejos de privilegiar el diálogo, el gobierno optó por desactivar la protesta mediante el uso de la fuerza en una vía federal, lo que consideran una decisión cuestionable tanto en lo político como en lo legal.
El dirigente estatal perredista, Juan Manuel Cambrón Soria, advirtió que este tipo de episodios podrían marcar el cierre de la actual administración, al evidenciar —dijo— incapacidad para gestionar conflictos sociales sin recurrir a la confrontación.
Finalmente colocó en la mira al vocero del gobierno, Antonio Martínez Velázquez, al considerar que la estrategia de comunicación oficial ha intentado minimizar lo ocurrido y construir una narrativa que, afirman, no corresponde con los testimonios de los campesinos.