En cualquier democracia que aspire a ser funcional, el Poder Judicial representa mucho más que una estructura institucional: es el último refugio de la ciudadanía frente a los abusos del poder. Sin embargo, en Tlaxcala, ese pilar fundamental parece haberse erosionado peligrosamente hasta convertirse en motivo de desconfianza, hartazgo e indignación social.
Hoy, la figura central del debate público en el estado no es otra que el propio Poder Judicial, pero no por su fortaleza ni por su independencia, sino por la crisis profunda que lo atraviesa. No se trata de percepciones aisladas o de críticas infundadas. Basta escuchar a abogados litigantes y a ciudadanos que acuden diariamente a Ciudad Judicial para constatar un patrón preocupante: trámites detenidos sin razón aparente, resoluciones que se alargan innecesariamente y, peor aún, la constante insinuación -o exigencia abierta- de dádivas para agilizar procesos que, por ley, deberían ser expeditos.
La corrupción, lejos de ser una excepción, comienza a percibirse como regla. Y cuando la justicia se somete a ese tipo de prácticas, el daño no es solo institucional, sino profundamente social. Cada expediente “atorado” por falta de pago indebido, cada usuario que sale frustrado por no poder acceder a un derecho básico, alimenta la percepción de que la justicia en Tlaxcala tiene precio. Y cuando la justicia tiene precio, deja de ser justicia.
Pero si el panorama ya era complicado, hoy se torna aún más delicado por la evidente politización del Poder Judicial. A las ya múltiples quejas por ineficiencia y corrupción, se suma ahora un elemento que debería ser inadmisible: el uso de la estructura judicial como maquinaria de operación política. Diversos testimonios y señales apuntan a que magistrados, jueces y personal administrativo no solo enfrentan presiones internas, sino que también participan activamente -o son obligados a hacerlo- en tareas destinadas a impulsar aspiraciones electorales.
El nombre que aparece en ese escenario es el del presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, cuyas aspiraciones a la candidatura de Morena al gobierno estatal parecen contar con un respaldo que rebasa los límites de lo institucional. No se trata de simpatías personales ni de afinidades ideológicas espontáneas. Lo que se advierte es una operación política estructurada, donde el Poder Judicial funge como engranaje, no como contrapeso.
Detrás de esa operación, según diversas versiones que circulan con insistencia, se encuentra la mano de Palacio de Gobierno. Esas voces sostienen que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros no solo mantiene influencia sobre el Poder Judicial, sino que definió líneas claras de acción política para quienes, en teoría, deberían limitarse a impartir justicia. Así, la supuesta división de poderes queda reducida a un mero enunciado constitucional sin sustancia real.
Lo más preocupante para ese grupo es que quienes hoy integran el Poder Judicial no necesariamente cuentan con el perfil para la operación política que se les exige. Formados en la lógica burocrática y administrativa, muchos de ellos se ven ahora forzados a participar en dinámicas que les son ajenas, particularmente durante fines de semana, cuando la actividad política se intensifica. El resultado es un aparato judicial distraído de su función esencial, debilitado en su credibilidad y expuesto al desgaste público.
En este contexto, difícilmente se puede esperar una reacción correctiva desde el interior. La presidenta del Poder Judicial, Fanni Margarita Amador Montes, no parece tener margen ni voluntad para romper con esa inercia. Su cercanía y dependencia política respecto del Ejecutivo estatal limitan cualquier posibilidad de autonomía real. Así, la crisis no solo persiste, sino que se profundiza.
La pregunta obligada es: ¿quién defiende entonces la legalidad en Tlaxcala? Cuando el órgano encargado de impartir justicia se encuentra atrapado entre prácticas de corrupción y compromisos políticos, el Estado de derecho entra en una zona de alto riesgo. La ciudadanía, en consecuencia, queda en estado de indefensión.
Algo tiene que cambiar. Pero ese cambio no vendrá de quienes hoy se benefician del sistema ni de quienes están sujetos a sus reglas informales. La presión deberá surgir de la sociedad, de los propios litigantes, de los sectores académicos y de todos aquellos que entienden que sin un Poder Judicial autónomo y limpio, no hay democracia posible.
Tlaxcala enfrenta, pues, una disyuntiva crucial: rescatar la dignidad de su sistema de justicia o normalizar su degradación.