A más de un mes de la desaparición de 43 alumnos de la normal rural de Ayotzinapan, la situación para el Gobierno Federal y para el país, es cada vez más tensa y peligrosa, ya que los actores ya no son sólo estudiantes, ahora son un sinnúmero de mesías que dicen estar muy preocupados por la vida de los estudiantes quienes a juicio de millones de mexicanos ya están muertos, y tal afirmación no es con el afán der ser escépticos, ni mucho menos protagónicos , sino porque las circunstancias y las declaraciones de personas que está en contacto con la gente de esas comunidades, afirmaron desde un principio que a los jóvenes estudiantes era muy difícil encontrarlos vivos, el viernes el Procurador General de la República: Jesús Murillo Karam, en rueda de prensa, dio a conocer la declaración de tres delincuentes, quienes supuestamente dieron pormenores de cómo mataron y quemaron a los 43 normalistas, las reacciones lógicamente fueron encontradas; los padres de familia no las aceptan; los políticos no le quieren entrar al tema, sólo algunos como la Padierna, echan culpas al gobierno de que actuó fuera de tiempo, pero la mayoría le huye al problema , en cuanto al Gobierno Federal, se dio cuenta que ya no podía seguir buscando lo que quizás ya no exista, hoy el gran peligro para el país son los grupos políticos radicales que se han infiltrado con los padres y con los jóvenes estudiantes, quienes son utilizados, pues si ya están muertos los 43 normalistas, es una incongruencia reclamarle al gobierno que los presente vivos, sin duda, que la noticia que dio Murillo Karam, será difícil para que los padres la acepten, ya que nadie quiere perder a un hijo, pero los papás y las familias de los estudiantes deben distinguir entre quienes luchan porque los gobiernos respeten la libertad de expresión, y de manifestación, y quienes sólo utilizan el dolor y sufrimiento de las familias para delinquir en contra de edificios y de terceras personas.
Aquí es importante que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, apliquen la Ley sin distingos, es triste ver como grupos vandálicos destruyen lo que encuentran a su paso, si el gobierno sigue tolerando que encapuchados quemen edificios, secuestren autobuses, tomen carreteras federales, estatales y municipales, los grupos radicales pueden llegar a extremos que pongan en peligro la estabilidad política y económica de nuestro país, aquí es importante y determinante la decisión de los padres de familia, ya que si ellos siguen permitiendo que utilicen su dolor y sufrimiento para realizar actos vandálicos, la sociedad mexicana les puede dar la espalda, es urgente que reprueben las actitudes de jóvenes que más que estudiantes, son unos verdaderos delincuentes.
La caída del Gobernador Ángel Aguirre Rivero, no ha menguado la presión en contra del gobierno federal , las acciones de los grupos se han tornado radicales, lo que pone contra la pared a las instituciones gubernamentales , tanta es la presión, que el Procurador General de la República ha caído en contradicciones en sus declaraciones, el gobernador emergente no sabe por dónde iniciar las investigaciones, sólo se ha dedicado a pedir apoyo al Presidente Enrique Peña, quien también ya no siente lo duro, sino lo tupido, Guerrero es un estado sin pies ni cabeza, pues aunque tiene a miles de militares y de gente de la marina, no han dado certeza para esclarecer el caso, aquí el peligro para el país, es que mientras que Guerrero, esta sobre saturado de fuerzas de seguridad, la mayoría de estados están olvidados, y el narco y la delincuencia organizada pueden reorganizarse y tomar el control de plazas en todo la nación.
La aprehensión de José Luis Abarca y su esposa, le dieron aire puro a los gobiernos federal y estatal, ahora la gran pregunta es: ¿Realmente el matrimonio tomó la decisión de secuestrar a los estudiantes o sólo actuaban a ordenes de los jefes del narco y de la delincuencia organizada?, digo esto, porque según las propias autoridades federales la familia de la ex presidenta del DIF, forma parte del grupo delictivo Guerreros Unidos, por lo que es difícil que a los Abarca los dejaran decidir libremente, y no es que sean blancas palomitas, sino que en ese ámbito hay jerarquías, hasta este momento el gobierno federal no ha dado a conocer gran cosa de las declaraciones del matrimonio, pues según medios informativos nacionales, los Abarca no son investigados por el secuestro y la muerte de los estudiantes, sino por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El tema va para largo, pero el gobierno ya debe actuar con apego a la Ley, por lo pronto Murillo Karam, ya tiene un pie fuera de la PGR, si no al tiempo, debe haber un sacrificado y en la PGR, falló.