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Guerrero se balcanizó y parece un mosaico de organizaciones criminales. Esa es la conclusión a la que han llegado agencias de inteligencia del gobierno federal, que han logrado detectar la presencia de células de cárteles del narcotráfico en 62 de los 81 municipios del estado, equivalentes a 76 por ciento de la entidad. Solo 19 municipios están libres de presencia criminal.
De acuerdo con una nota del periódico Milenio, la infiltración de la delincuencia organizada se extiende a las principales ciudades guerrerenses y a sus más pequeñas comunidades, en las que pulula una mezcla tóxica de seis grandes agrupaciones del narco, bandas locales y tres movimientos guerrilleros.
Una serie de informes geodelincuenciales producidos por órganos de inteligencia del gobierno federal a raíz de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa —obtenidos por Milenio— dan detalles sobre la complicada realidad del estado en materia de presencia criminal e insurgente.
Hoy, ocho de cada 10 guerrerenses viven en una zona con presencia del narco ya sea en su variante organizada o pandilleril. No solo eso: a su problemática como una entidad en la que se produce amapola y mariguana, Guerrero añade ahora la distinción de ser el único estado en el que cohabita una decena de grupos criminales, sus pandillas satélite y guerrilleros de forma simultánea.
Cual radiografía de una metástasis, los informes detallan la forma en que municipio por municipio Guerrero terminó por dividirse en “áreas de influencia” de los capos de la droga y la guerrilla, como si se tratase de un pastel.
Por ejemplo, al norte domina el cártel de La Familia, en el centro Guerreros Unidos y al sur los Beltrán Leyva. Son solo algunos de los cárteles que han decidido competir por un pedazo del estado, hay varias subdivisiones de éstos —pandillas semiindependientes, pero con vínculos con las organizaciones grandes— que también están presentes. Grupos insurgentes, en tanto, son fuertes en la Costa Grande y la Montaña.
Los informes obtenidos también establecen los puntos en los que se está llevando a cabo una guerra territorial entre los cárteles. En muchas ocasiones, las fronteras de sus imperios criminales se traslapan en “zonas de disputa”. Es decir, ciudades y municipios en los que las organizaciones batallan unas con otras por el control del territorio, sin importar el costo a la población civil.
La radiografía criminal cuenta con datos actualizados hasta octubre pasado y fue elaborada con informes de campo recopilados por agentes de inteligencia adscritos a distintos puntos de Guerrero, con miras a dar al gobierno una idea del grado de la crisis a la que se enfrenta en la entidad. La respuesta es grave.
A mayor detalle, los agentes detectaron la presencia de seis grandes carteles en territorio guerrerense. El de mayor poder y extensión es el de los Beltrán Leyva, que mantiene control de actividades criminales en 26 municipios, entre los que destacan Atoyac, Coyuca de Benítez, Acapulco, Chilpancingo y Tixtla.
Le sigue Guerreros Unidos, con nueve municipios incluidos grandes centros poblacionales y turísticos como Zihuatanejo, Taxco e Iguala. Es en esta última localidad, donde integrantes de esa organización criminal reprimieron y desaparecieron a estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos el 26 y 27 de septiembre.
La Familia michoacana tiene actividades ilegales en otras nueve municipalidades. Se trata de Arcelia, Teloloapan y Cuetzala del Progreso, entre otras. Sometidos a presión federal desde hace ya casi un año, Los caballeros templarios controlan únicamente operaciones en dos municipios limítrofes con Michoacán: Zirándaro y Cutzamala.
El cártel Jalisco Nueva Generación ha sido ubicado en Petatlán, municipio de la Costa Grande, mientras que grupos locales, como Los Rojos, Ardillos, Los Granados, La Barredora y Tequileros, además de un largo etcétera, controlan operaciones ilícitas en otros 15 municipios.
Si bien en la Costa Chica y la Montaña baja no hay presencia del crimen organizado, se han detectado pandillas pequeñas que delinquen en toda esa zona, principalmente en cobro de cuotas, secuestros y extorsiones.
Los mapas dejan claro que solo 19 municipalidades están libres de presencia criminal organizada. Es el caso de Picaya, Buenavista, Xochistlahuaca, Azoyú y Marquelia, por mencionar algunos.
La cohabitación de estas organizaciones en varios municipios ha derivado en violencia, de la que la desaparición de los 43 normalistas es uno de los ejemplos más recientes. Las agencias de inteligencia que elaboraron los mapas detectaron que varias ciudades están bajo disputa por dos, tres y a veces hasta cuatro organizaciones, lo que ha disparado el número de homicidios, desapariciones y secuestros.
Por ejemplo, el control de los municipios de Taxco, Heliodoro Castillo, Huitzuco, Eduardo Neri y Chilpancingo, entre otros, ha desatado una lucha entre Guerreros Unidos, Los Rojos y La Familia michoacana, mientras que en San Miguel Totolapan hay una pelea entre Guerreros Unidos, Los Rojos y el cártel de los Beltrán Leyva. Cocula, municipio a donde se presume fueron llevados los normalistas, está en disputa entre Los templarios, Guerreros Unidos y La Familia michoacana.
Los templarios y Fuerza guerrerense, una subdivisión de Guerreros Unidos, están enfrascados en una pelea por Coahuayutla, La Unión y José Azueta. En muchos de estos municipios las tasas de homicidio son de las más elevadas, de acuerdo con datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública.
A este panorama se suma la presencia del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP) que fue confirmada en otros 25 municipios, desde la costa hasta el centro y La Montaña.
El EPR y el ERPI son los grupos guerrilleros más extendidos y en muchos casos coinciden en varios municipios, como Ayutla, Azoyú, Coyuca de Benítez, San Luis Acatlán y Tlacoachistlahuaca. El FAR-LP solo tiene presencia en Florencio Villarreal y Cuautepec.
Siguen apareciendo fosas clandestinas en Guerrero
Familiares de personas desaparecidas en Iguala, e integrantes de Ciencia Forense Ciudadana y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) localizaron en el paraje denominado La Laguna, entre Monte Hored y la Sierpe del Cerro Gordo de Iguala, 11 fosas clandestinas y en una de ellas había un cadáver en descomposición atado de pies y manos, mientras que en otras cinco sólo hallaron huesos humanos.
En el resto de las fosas, sólo ropa, sábanas con sangre, basura de alimentos y botellas de agua.
A dos kilómetros del paraje de La Laguna, en el punto denominado Filo de Ganaderos, descubrieron una fosa clandestina, donde localizaron el cuerpo de una persona del sexo masculino, la cual estaba amordazada y atada de manos y pies con rafia.
Según otra nota del diario Crónica, una caravana de automóviles partió de Iguala hacia Cerro Gordo, donde también se han localizado decenas de fosas clandestinas y un poco más de 38 cuerpos y restos humanos en el mes de octubre.
Con picos y palas, sin la presencia de las autoridades federales, y en un perímetro de 500 metros del paraje de La Laguna entre Monte Hored y la Sierpe, los familiares de desaparecidos, de Ciencia Forense Ciudadana y la UPOEG se dividieron en grupos para hacer los trabajos de localización y excavación donde fueron localizadas 10 fosas clandestinas a una distancia de uno a dos metros entre estas.
En la primera fosa excavada, localizaron un fémur, en la segunda una parte de cráneo, en la tercera otro fémur, en la siguiente el omoplato, una parte del hueso de pantorrilla. En el resto de las fosas localizaron un pantalón, sábanas con sangre y ropa.
Después de realizar los trabajos de búsqueda en el paraje La Laguna donde encontraron alrededor de 10 fosas clandestinas, los familiares, con los integrantes de Ciencia Forense Ciudadana y de la UPOEG como representantes de los medios de comunicación, de nueva cuenta abordaron sus vehículos para trasladarse a dos kilómetros hacia arriba.
En el paraje denominado Filo de los Ganaderos, donde en el mes de octubre, los integrantes de la UPOEG, localizaron unas 20 fosas clandestinas, los ciudadanos y familiares, encontraron una fosa más en la cual había un cuerpo humano del sexo masculino amordazado y atado de pies y manos en posición fetal.
Crimen organizado ha secuestrado en el último año a más de 2 mil
Las organizaciones del crimen organizado en México secuestraron (por lo menos) a dos mil 44 personas en el país en el último año. Más de 300 de ellos eran niños y adolescentes menores de edad.
Según otra nota del diario 24 Horas, los datos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) revelan que por lo menos seis de cada 10 de las víctimas secuestradas por los cárteles eran migrantes ilegales, principalmente centroamericanos, que transitaban por el país para dirigirse a Estados Unidos.
Se trata exclusivamente de casos de personas rescatadas por las distintas fuerzas federales y militares gracias a investigaciones de la SEIDO sin que se conozca el universo completo de personas plagiadas, pues se entiende que hay víctimas cuyo rescate no se ha concretado y hay casos no denunciados, sobre todo respecto a migrantes.
En detalle, la SEIDO reporta que en el periodo del 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014 fueron liberadas 713 ciudadanos en México que se encontraban privados de su libertad por la delincuencia organizada, de las cuales 88 eran menores de edad.
En tanto, las investigaciones ministeriales también permitieron la liberación con el apoyo militar y policial de 1 mil 331 migrantes secuestrados en su paso por el país. De todos ellos 236 eran menores de edad.
Lo anterior significa que por cada mexicano secuestrado hay dos migrantes que también fueron privados de su libertad, en promedio.
Esto también explica por qué Tamaulipas, sitio de alto tránsito de migrantes, es la entidad federativa que lidera en el total de averiguaciones abiertas por secuestro, no sólo las que se investigan a nivel federal sino también en la Procuraduría del Estado. Tamaulipas concentra a la tercera parte de todas las víctimas a nivel nacional de este delito.
De acuerdo con fuentes consultadas los motivos de los secuestros son distintos. En el caso de mexicanos los criminales buscan fundamentalmente el cobro de rescates económicos a cambio de la liberación. Respecto a los migrantes, más allá de un posible beneficio económico, la principal ganancia proviene de su aprovechamiento para tráfico de personas o para algún tipo de explotación y trata.