- Seguridad
• Informó SEIDF que fue sentenciado a tres años de prisión; está también inhabilitado para desempeñar cargos o comisiones públicas.
México, D.F, a 11 de agosto de 2015.- Con las pruebas aportadas por la Procuraduría General de la República, un ex empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue sentenciado por delito de extorsión, a tres años de prisión, 60 días de multa, la destitución de su empleo e inhabilitación de un año para desempeñar cargo o comisiones públicas.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) informó que se trata de Aldo Fernando Gutiérrez Hernández, a quien el Juzgado Segundo de Distrito de Primera Instancia en el Estado de Tlaxcala encontró penalmente responsable del delito de extorsión, en agravio de un contribuyente que tenía vigente un crédito fiscal.
De acuerdo con la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la SEIDF, el Ministerio Público de la Federación acreditó la responsabilidad de Aldo Fernando Gutiérrez Hernández, quien se desempeñaba como servidor público del SAT, y cuando el denunciante acudió a esa institución para tratar de resolver el referido crédito fiscal, el ahora sentenciado pidió 100 mil pesos como pago.
Ante la negativa del contribuyente de entregar esa cantidad, el sentenciado presionó y, de acuerdo con las investigaciones ministeriales, amenazó a la víctima para obtener el dinero.
El inculpado fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial el 3 de junio de 2014 en un restaurante ubicado en la carretera federal Puebla-Tlaxcala, cuando recibía dinero por parte de la víctima.
En su momento, el Órgano Jurisdiccional decretó auto de libertad a favor de Aldo Fernando Gutiérrez Hernández. El Agente del Ministerio Público de la Federación apeló y se otorgó orden de reaprehensión, misma que fue cumplimentada el 10 de octubre de 2014.
Con acciones como ésta, la Procuraduría General de la República refrenda su compromiso para hacer más eficiente la procuración y el acceso a la justicia, a fin de que ésta se traduzca en el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos.