- Congreso
La diputada perredista, Eréndira Jiménez Montiel propuso este martes reformas y adiciones a la Ley para Personas con Discapacidad del Estado de Tlaxcala con el propósito de obligar al sector público estatal y municipal a contratar a personas con discapacidad en cuando menos el 3 por ciento de la plantilla laboral.
Además, la legisladora local propuso establecer una pensión económica a para las personas discapacitadas en estado de postración, atendiendo a su grado de discapacidad y que, por su condición socioeconómica requieran de dicho apoyo, el cual se definirá con base al registro para la atención de personas con discapacidad, elaborado por el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad y que podrá ser de entre un 0.5 a 1 salario mínimo mensual vigente en el Estado de Tlaxcala.
Lo anterior, tomando en cuenta que Tlaxcala está por debajo de la media nacional al registrar en 2010 que el 4.84 por ciento de la población padece alguna discapacidad, lo que significa que poco más de 57 mil tlaxcaltecas están en esa condición.
Para ello, es necesario que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado emita todos los años, en los primero diez días del mes de enero, las reglas de operación para la entrega de las pensiones a las personas con discapacidad.
Incluso, propuso que el pago de la pensión a las personas con discapacidad en estado de postración, que sean acreedoras de ella, sea a través del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad quien lo realizará por medio de una tarjeta bancaria, y para su habilitación anual presupuestal, el Ejecutivo y el Legislativo harán las previsiones necesarias en la elaboración del presupuesto de egresos de cada año.
Jiménez Montiel, integrante de esta LXI Legislatura del Congreso del Estado, también solicitó dentro de la iniciativa “garantizar la obligatoriedad de la contratación progresiva de personas con discapacidad hasta alcanzar cuando menos el 3 por ciento del total de la plantilla laboral del sector público estatal y municipal”.
Incluso, propone certificar y publicitar a las entidades públicas estatales y municipales como Instituciones laboralmente responsables, respecto a las personas con discapacidad, cuando éstas cumplan con emplear al 3 por ciento de su plantilla laboral con personas en dicha condición.
Las instancias públicas que cumplan con el margen de contratación serán consideradas “laboralmente responsables”.
Dicha iniciativa quedó de primera lectura y fue turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos.