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Ha sido la falta de capacidad en la Consejería Jurídica del gobierno del estado la que ha sido la responsable de exhibir en diversas ocasiones como un ignorante al gobernador Mariano González Zarur, quien hasta el momento ha perdido en casi todos los casos en los que ha pretendido evidenciar a su antecesor Héctor Ortiz Ortiz, quien prácticamente le ha ganado todas.
Aunque el consejero jurídico, Héctor Maldonado minimizó el revés que tuvo el gobierno del estado en el caso de las notarías al mencionar que sólo se tendría que reponer el procedimiento a Osvaldo Ramírez Ortiz, de acuerdo con un experto en el tema que consultó este medio, la sentencia tendrá que ser aplicada para el caso de los 16 notarios favorecidos en el gobierno de Héctor Ortiz Ortiz.
"La reposición del procedimiento a que nos hemos venido refiriendo, surte efectos para todas las partes que integran el juicio de amparo de que se trata, es decir, que lo actuado a partir de la audiencia constitucional no sólo quedara sin efectos para el recurrente, sino también para las restantes partes que conforman la litis constitucional…”, sostuvo el experto.
Por otra parte, el Consejero agregó que continúa firme la cancelación de las notarías, sin embargo, eso también es erróneo, pues la sentencia que favoreció a los notarios, dice: “…Lo anterior se traduce en que, por virtud de la reposición procedimental ordenada, queden sin efectos, inclusive, las actuaciones practicadas en el diverso recurso de revisión 302/2013 del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Tlaxcala…".
Con lo que es evidente que, si la sentencia que canceló las notarías quedó sin efectos, por consecuencia, también dejó sin efectos la cancelación de las 16 notarías, de tal suerte que solo es cuestión de días para que tengan que ser regresadas las patentes notariales.
Lo que evidencia nuevamente la ignorancia con la que actúa el gobierno del estado y específicamente Mariano González, quien pareciera ser engañado constantemente por su área jurídica que habría generado importantes gastos a cargo del erario público por la sed de venganza sin fundamentos jurídicos sólidos.