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Gustavo Madero Muñoz, dirigente nacional del PAN, presentó nuevas denuncias de operación política del PRI en los procesos electorales de siete estados, y aseguró que hay focos rojos de contingencia democrática en las 20 entidades donde el tricolor es mayoría.
Anunció que exigirán al gobierno federal una respuesta política y jurídica, porque "no se trata de hechos aislados, sino de una estrategia para ganar a la mala, es toda una estructura transversal".
Señaló que a pesar de la firma del agregado al Pacto por México, "se siguen presentando este tipo de prácticas".
De acuerdo con una nota del periódico Milenio, el panista presentó lo que llamó como "semáforo de alertas de contingencias democráticas" para denunciar 11 casos en siete estados.
Sostuvo: "estamos en alerta permanente para informar a la población de la contingencia democrática en la que nos encontramos".
Recordó que en el añadido del Pacto, que firmaron la semana pasada, está la obligación de instalar mesas en los 14 estados en los que habrá elecciones, para atender y darles seguimiento a las denuncias y que el gobernador correspondiente se comprometa a atenderlas.
"No son mesas para firmar pactos por los estados, son mesas para obligar a los gobernadores a conocer y atender todas estas denuncias", puntualizó el dirigente nacional del PAN.
Dichas mesas, precisó, deben ser públicas y abiertas a los medios de comunicación; y la que se instalará en la Secretaría de Gobernación es una nacional que dará seguimiento a las otras 14 para garantizar el mayor blindaje posible.
También advirtió que "vamos a presionar para que actúen con nuestras denuncias, esta es nuestra única arma y no hay ningún intercambio" con el gobierno federal.
En el caso de las denuncias en Veracruz, Gustavo Madero dijo que la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha actuado con lentitud para llamar a comparecer a los 57 funcionarios de los gobiernos federal y estatal.
El representante jurídico del PAN, Eduardo Aguilar, y los presidentes de los comités estatales de Baja California, Durango y Tabasco, presentaron audios y videos de irregularidades electorales.
Por ejemplo, en Baja California denunciaron focos rojos en el distrito 9 de Tijuana, donde se insaculan ciudadanos con militancia priista. Sócrates Bastida, dirigente estatal del PAN, presentó pruebas de los nexos familiares entre candidatos priistas y funcionarios electorales.
En Quintana Roo y Yucatán se denunció que hay cambio de domicilio y empadronamiento doble para que priistas yucatecos voten en otras entidades.
En Tabasco manifestaron que el encargado de Diconsa, Adrián Hernández Balboa, opera con recursos federales para obtener votos en favor del PRI.
"Los borrachos y los niños siempre dicen la verdad, ahí están las pruebas de lo que hemos denunciado. Necesitamos que haya voluntad política para encarcelar a Andrés Granier y a su camarilla", afirmó el presidente del PAN en Tabasco, Jorge Luis Ávalos, sobre las denuncias que exhibieron contra el ex gobernador priista.
En Durango, se denunció que el gobernador, Jorge Herrera, entregó apoyos, como uniformes escolares cuatro meses antes del arranque de las clases. En esas escuelas, se instalarán casillas electorales. Lo mismo con otros programas sociales que entrega el gobierno estatal priista.
Por su parte, el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, aseguró que las denuncias mediáticas de presuntos delitos electorales "enrarecen" el clima político, y pidió que estas acusaciones se presenten mejor ante las autoridades correspondientes.
A través de dos mensajes en su cuenta de Twitter y previo a la reunión del Consejo Rector del Pacto por México en la Secretaría de Gobernación, el dirigente priísta pidió no hacer de la competencia democrática un conflicto electoral.
Además, reiteró el compromiso de su partido con la legalidad y la transparencia, según una nota del periódico La Jornada.
Sedesol analiza petición de diputados
Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, comunicó a la Cámara de Diputados que ya realiza "las consultas jurídicas necesarias, a fin de estar en condiciones de atender la petición" de que un grupo plural de legisladores se integre al Consejo Nacional para la Cruzada contra el Hambre.
Publicada ayer en la Gaceta Parlamentaria, la respuesta de la funcionaria se envió con fecha del 8 de mayo a la Secretaría de Gobernación, en atención al punto de acuerdo que hace seis semanas formularon los siete grupos parlamentarios representados en San Lázaro.
Cuando las controversias en torno a la Cruzada contra el Hambre comenzaron a ventilarse en el Congreso —dos semanas antes de la comparecencia de la titular de Sedesol en el Senado y del comentario presidencial de "no te preocupes Rosario"—, el pleno de la Cámara avaló la propuesta del Partido Verde de exhortar al gobierno federal a que incluyera en el Consejo de la Cruzada a un grupo de diputados.
La respuesta de la secretaria Robles se formuló a través de un escrito firmado por Ramón Sosa Montes Herreramoro, jefe de la oficina de la ciudadana de la Sedesol, el cual se dirigió a Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
El punto de acuerdo fue impulsado por el legislador Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde, inicialmente solicitaba considerar la integración de un diputado de la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara en dicho consejo.