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El 12 de mayo, a menos de un mes de las elecciones, el secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Héctor Roa Morales, fue removido de su cargo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El principal operador logístico de los comicios veracruzanos, según demostraron PAN y PRD ante los magistrados, había sido amonestado en 2010 por operar en favor del PRI siendo funcionario electoral.

Roa tenía menos de dos meses en el cargo. El 10 de marzo había sido designado secretario ejecutivo luego de que el mismo tribunal ordenara remover al anterior secretario, Víctor Hugo Moctezuma Lobato (nombrado apenas en enero). Los magistrados encontraron que Moctezuma no gozaba de buena reputación ni era apto para ejercer el cargo con imparcialidad.

Moctezuma y Roa ya habían ocupado el cargo de secretario ejecutivo en el Instituto Electoral Veracruzano. Pertenecen a una estirpe de funcionarios que, según la oposición local, han operado a favor del PRI durante más de una década.

El 19 de mayo, el OPLE de Veracruz nombró a su tercer secretario ejecutivo del año: Hugo Enrique Castro, un abogado con más de 20 años de labores en el IEV que tampoco genera confianza en la oposición.

Con apenas unas horas en el cargo, el funcionario recibió la primera queja de PAN y PRD, por no atender la orden del INE de bajar un spot del PRI en el que se acusa de pederastia al candidato Miguel Ángel Yunes. También se involucró a su directora administrativa en el escándalo de las empresas fantasma de Javier Duarte El OPLE de Veracruz está bajo sospecha de servir al gobernador y al PRI. Es el árbitro de una de las contiendas más competidas de este año, considerada la "joya de la corona" por su padrón de más de 5.6 millones de votantes. Pero no es el único organismo descalificado por los actores políticos.

Sinaloa

El lunes 23 de mayo, en Culiacán, representantes del PRD, PAN, Morena, MC, Partido Sinaloense (PAS) y del candidato independiente a la gubernatura, Francisco Frías, ofrecieron una inédita rueda de prensa para exigir al INE la atracción del proceso electoral.

Los dirigentes estatales de estos partidos acusaron al OPLE de permitir una "elección de Estado" operada por el gobernador Mario López Valdés -quien paradójicamente llegó al poder en 2004 mediante una alianza entre el PAN y el PRD-. Según la oposición, el OPLE está permitiendo que Malova opere en favor del candidato del PRI a la gubernatura, Quirino Ordaz.

Al órgano electoral sinaloense se le acusa de no evitar, investigar ni sancionar diversas irregularidades de los candidatos priistas, entre ellas la filtración del padrón electoral, acto por el que el PRD denunció penalmente a la lideresa del PRI estatal, Rosa Elena Millán.

En paralelo, el Instituto Electoral del Estado vive una crisis presupuestal. El año pasado, el IEES había solicitado al Congreso estatal 375 millones de pesos, pero le fueron aprobados 176 millones, que le han sido entregados a cuentagotas.

El 3 de mayo, la presidenta del IEES, Karla Peraza, se quejó públicamente de que le hacían falta al instituto 38 millones de pesos para la impresión de boletas electorales.

El regateo de recursos, según los partidos y consejeros del INE, es el principal instrumento que tienen los gobernadores para presionar a los OPLES y vulnerar su autonomía.

Durango

Hace dos semanas, a 24 días de los comicios, el Consejo General del INE tomó una drástica decisión: atraer el proceso electoral de Durango para zanjar una disputa entre los consejeros del OPLE y los funcionarios designados en el organismo, encabezados por la secretaria ejecutiva, Citlali Arreola.

Nombrada desde 2012 en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, Arreola fue removida originalmente de su cargo el 28 de abril, por no ejecutar las resoluciones del Consejo General. Pero fue reinstalada por el Tribunal Estatal Electoral el 9 de mayo, en un procedimiento que exhibió la confrontación con los consejeros del OPLE.

Tres días después, ante la evidente fractura entre Arreola y el consejero presidente, Enrique Kato, el INE decidió intervenir.

Arreola y sus funcionarios renunciaron antes de que el INE los removiera, y el Consejo General nombró un nuevo secretario ejecutivo, y nuevos directores de Organización Electoral, Jurídico, Administración y Capacitación, para rescatar el proceso.

Según PAN y PRD, que compiten aliados en esta entidad, las irregularidades en el OPLE ya viciaron de origen la elección.

Los OPLES fueron creados en la reforma político electoral de 2014, junto con el Instituto Nacional Electoral, con dos objetivos que se plasmaron desde el Pacto por México: estandarizar la calidad de las elecciones estatales con el nivel de los procesos federales, y quitarle a los gobernadores el control de las elecciones en sus estados.

El principal impulsor de esa reforma fue el panista Gustavo Madero, quien logró el respaldo del perredista Jesús Zambrano para negociar con el PRI y el presidente Enrique Peña Nieto la reforma electoral que entró en vigor en 2014.

Hoy, PAN y PRD son los principales críticos de ese modelo. En prácticamente los 13 estados donde habrá comicios (no se contabiliza a la Ciudad de México, pues el INE absorbió la elección de la Asamblea Constituyente), los organismos han sido acusados de parcialidad e ineficacia.

Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD, asegura que los gobernadores del PRI controlan los OPLES -ya sea por vía de los consejeros o de la estructura operativa- en Aguascalientes, Zacatecas, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Tlaxcala.

En Oaxaca, donde gobiernan PRD y PAN, Ávila afirma que el Instituto Electoral parece controlado por el PRI, pues los consejeros han sido omisos en sancionar conductas ilícitas, como el hallazgo de bodegas con objetos y propaganda del candidato priista Alejandro Murat.

El 22 de mayo, el presidente nacional del PRD, Agustín Basave, hizo una dura crítica al modelo electoral INE-OPLES.

"Hay intromisión ilegal de los gobernadores en las elecciones y en los institutos electorales locales; seguramente los delitos cometidos van a quedar impunes, porque los gobernadores son señores feudales que no tienen contrapesos reales. El Instituto Nacional Electoral está rebasado por los gobernadores, que siguen comprando y coaccionando el voto", acusó.

El PAN coincide en que no todos los OPLES están actuando con autonomía. Un análisis elaborado por ese partido deja ver su desconfianza en al menos ocho entidades.

Destaca Tamaulipas, donde su candidato, Francisco García Cabeza de Vaca, fue sancionado por el árbitro electoral desde que era precandidato, con medidas cautelares que no aplicó a los candidatos priistas. El PAN impugnó el nombramiento de consejeros municipales y distritales afines al PRI y demandó al INE atraer la elección, acusando al OPLE tamaulipeco de "violar los principios de autodeterminación y organización de los partidos políticos".

En Chihuahua, donde Javier Corral mantiene una cerrada contienda con el priista Enrique Serrano, el PAN se inconformó por la cancelación de uno de los dos debates entre candidatos a la gubernatura, y la programación del único encuentro el 21 de mayo, cuatro horas antes de la final de la Liga de Ascenso, disputada por los Bravos de Ciudad Juárez.

El OPLE decidió rechazar una propuesta para cambiar la fecha del debate, y el PAN lo acusó de avalar una maniobra distractora impulsada por el PRI y el gobierno estatal.

En Hidalgo, impugnó la decisión del OPLE de negar el registro a sus candidatos en 41 ayuntamientos. La decisión fue revertida por el Tribunal hasta el 8 de mayo, 15 días después de que iniciaron las campañas. Por estos hechos, el PAN denunció ante la Fepade a los consejeros del Instituto Electoral, por obstrucción del proceso electoral.

Damián Zepeda, secretario general del PAN, asegura que no se está cumpliendo el objetivo de la reforma de 2014, pues en muchos estados el OPLE parece más jugador que árbitro.

"Sin generalizar, pero definitivamente en muchos estados se ha demostrado que hay elecciones de Estado, desde la intervención de instancias federales como Sedesol, hasta intervenciones descaradas de parte de los OPLES, que han dejado mucho que desear, y no han sido lo que deben ser: árbitros imparciales.

"Se comportan como parte del equipo de campaña del PRI, y esto es vergonzoso. El llamado es a que se comporten como organismos imparciales y, al INE, a que sea vigilante", añade.

En contraparte, el PRI asegura que el gobernador panista Rafael Moreno Valle controla el OPLE de Puebla, y el 25 de mayo demandó al INE atraer esa elección.

Modelo híbrido

Después del proceso electoral de 2015, el INE emitió más de 300 acuerdos para crear criterios de actuación de los OPLES y atrajo muchas de las funciones que tenían.

Al no ser concurrentes con elecciones federales, las de 2016 son la verdadera prueba de fuego para el modelo híbrido surgido de la reforma política de 2014, que confiere unos tramos de responsabilidad al INE y otros a los OPLES.

Según el especialista Eduardo Huchim, el objetivo de evitar el control de los gobiernos estatales sobre las elecciones está lejos de lograrse.

"El modelo híbrido ha funcionado para unas cosas, pero no para otras. No ha evitado las interferencias de gobernadores ni ha podido frenar la compra del voto, por ejemplo. Ha aportado solidez a la organización de los comicios locales, pero está fallando en la fiscalización de los gastos reales en las campañas", señala.

¿Cuánto cuestan?

Sin reglas claras ni homogéneas, en cada entidad se aprobaron distintas partidas para el gasto operativo del órgano electoral local y para el financiamiento público a los partidos. (Cifras en millones de pesos)