- Congreso
Con el fin de conocer el estado procesal que guardan los procedimientos de responsabilidad en contra de ex servidores públicos, responsables de las irregularidades en las cuentas públicas del ayuntamiento de Calpulalpan de los años de 2002 a 2006, y que dieron motivo a su reprobación, el legislador Mario Hernández Ramírez, solicitó al titular del OFS, un informe pormenorizado.
Justificó su petición en el hecho de que al haber sido reprobadas las cuentas durante ese periodo, existe la presunción de que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), en acatamiento a lo ordenado por el Congreso local, inició los procedimientos de responsabilidad a los servidores responsables por irregularidades detectadas por la fiscalización de las cuentas públicas reprobadas a ese municipio, el en que fungió como edil, Vicente Hernández Roldán.
Refirió que en atención a la petición formulada por un grupo de vecinos que, con el temor fundado de que durante la próxima administración municipal que presidirá Hernández Roldán, nuevamente se presenten actos que afecten al erario de Calpulalpan.
Por ello, Hernández Ramírez, presentó el exhorto dirigido al titular del OFS para que informe sobre las acciones que emprendió para fincar responsabilidad a los ex servidores públicos de esa comuna ya que, al culminar su periodo administrativo, dicha persona no fue objeto de ninguna sanción administrativa.
Por otra parte, fue avalado el acuerdo emitido por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, por el que esta LX Legislatura, en apoyo al acuerdo emitido por el Congreso de Quintana Roo, exhorta de manera respetuosa a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), para que dentro de sus atribuciones, dé cumplimiento al Plan Técnico Fundamental de Calidad del Servicio Local Móvil.
Lo anterior, para vigilar el permanente y correcto funcionamiento de la prestación del servicio de telefonía móvil por parte de los operadores de dicho servicio, evitando las prácticas monopólicas, asegurando ofertas de servicio competitivas, de alta calidad y a precios accesibles y aplicando las sanciones conducentes originadas por la inobservancia del marco legal regulatorio de la materia.
En otro punto de la sesión, el Pleno de la LX Legislatura, avaló el dictamen formulado por la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se reformaron diversas disposiciones del artículo 37 de la Constitución Política federal, misma que tiene como objeto exceptuar a los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo federal, y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la obligación de solicitar permiso para aceptar y usar condecoraciones extranjeras.
Dicha propuesta, sostuvo el diputado Silvestre Velázquez Guevara, está basada en el principio de igualdad, que se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación, así como de su aplicación, de manera que opera para que los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentran en igualdad de condiciones.