- Gobierno
En Tlaxcala los ciudadanos padecen un gobierno arrogante, desligado del sentimiento y de las necesidades del pueblo, lo que ha provocado que el estado se haya estancado en los principales indicadores del desarrollo.
El encubrimiento de la corrupción, la falta de transparencia, la manipulación de los supuestos resultados, la intromisión y falta de respeto a los poderes, la exclusión, la misoginia y la intolerancia hacia las expresiones sociales y políticas de disenso y, penosamente, atentados a la libertad de expresión encarcelando reconocidos comunicadores, han sido el resultado de un gobierno ineficiente y autoritario que ha alejado a los ciudadanos de sus gobernantes.
La corrupción en Tlaxcala ha afectado al 12.8 por ciento de la población, siendo uno de los estados con mayor prevalencia de este problema social sólo por detrás del Distrito Federal y San Luis Potosí que tienen un 18 por ciento, así como el Estado de México con 16.3 por ciento, Chihuahua 14.7 por ciento, Quintana Roo 14 por ciento, Tabasco 13.7 por ciento y Jalisco con 13 por ciento.
La injusticia social está en el centro de los retos mayores que tiene ante sí el futuro Gobierno del Estado. El bienestar social no debe ser comprendido como la consecuencia necesaria del crecimiento socioeconómico, sino como condición permanente de las políticas de desarrollo que lo impulsen, consoliden y fortalezcan.
Tan solo unos datos en cifras oficiales del CONEVAL que son contundentes; casi el 60 por ciento de la población vive actualmente en pobreza, somos poco más de 1.2 millones de habitantes, y cerca de 750 mil tlaxcaltecas son pobres; y de ellos, casi 90 mil viven en pobreza extrema.
El 23 por ciento de los habitantes vive en situación de vulnerabilidad por carencias sociales; el 18 por ciento no tiene servicios de salud; 5 de cada 10 no pueden obtener la canasta básica, lo que tienen de ingreso no les alcanza para que coma bien su familia; tenemos un rezago educativo del 15 por ciento, y, más de 900 mil tlaxcaltecas no tiene acceso a la seguridad social. 7 de cada 10 habitantes de la población económicamente activa de Tlaxcala, trabaja en la informalidad.
En contra del discurso triunfalista del Gobierno del Estado, lo que se está viviendo en Tlaxcala es un rezago social que sólo ha tenido acciones que no han remediado nada; se tiene hoy en día un presupuesto estatal mayor a los 14 mil millones de pesos anuales, contra los 3 mil 400 que se tenían en el año 2000; y la verdad no sabemos que está haciendo el gobierno con los recursos.
Y qué decir de la seguridad de las familias de Tlaxcala, en los últimos meses se han registrado delitos con violencia como nunca antes, cuerpos mutilados, más secuestros, desapariciones de jóvenes principalmente; trata de personas en aumento; en fin, nada bueno con el actual Gobierno.
Empleo, una política de pobreza del gobernante
El estado de Tlaxcala padece severos problemas de empleo: de acuerdo con el INEGI en el año 2015 la tasa de desocupación del estado fue de las más altas en el país: 5 por ciento contra 4.2 a nivel nacional, lo que tiene colocado al Estado entre las cinco entidades federativas con mayor desempleo en México, siendo las otras cuatro: Tabasco, Estado de México, Sonora y la Ciudad de México.
La tasa de informalidad laboral alcanzó, en el mismo año, al 72.6 por ciento de la población ocupada, siendo la cuarta más alta del país. De acuerdo con el IMCO, Tlaxcala ocupa el lugar 29 en el índice de competitividad.
Según datos de la Encuesta Nacional de empleo y Ocupación, la población ocupada estatal en el año 2014 representa apenas el 38.48 de la PEA total. El ingreso promedio mensual de un tlaxcalteca es apenas de 4 mil 115 pesos; no obstante, el 40.39 por ciento de la Población Económicamente Activa percibe menos de 2 salarios mínimos, por lo que Tlaxcala es el estado que padece la mayor desigualdad en los ingresos de sus habitantes (las personas que reciben más de 5 salarios son 6 veces menos que los que reciben 2 salarios).
De acuerdo con el INEGI, a finales de 2015 el sector servicios generó el mayor número de empleos, el 51.59 por ciento, padeciendo, sin embargo, problemas importantes de subempleo e informalidad. El Sector industrial empleó al 34.91 por ciento de la población ocupada, en tanto que el sector primario sólo ocupa al 13.18 por ciento del total, registrando además problemas significativos de migración y pobreza. En el subsector turismo Tlaxcala es la segunda entidad con menor flujo de visitantes extranjeros. De acuerdo con el IMCO el estado de Tlaxcala es uno de los estados que tiene una legislación que limita la competencia y la generación de empleos.
Salud, otra deuda de Mariano
El Estado de Tlaxcala carece de infraestructura y servicios especializados de salud para prevenir y atender padecimientos de alto riesgo para los tlaxcaltecas, lo que limita y encarece el acceso a los servicios de salud y de seguridad social.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud de 2012 en Tlaxcala el 23.3 por ciento no contaba con protección en salud. En 2014 el CONEVAL informa que más del 17.5 por ciento de la población tiene carencias de acceso a los servicios de salud; el 71.5 por ciento carece de acceso a la seguridad social; 27.1 por ciento de la población tiene ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo y el 24 por ciento de la población tiene carencias de acceso a la alimentación.
Tlaxcala sufre de graves carencias en equipamiento e infraestructura hospitalaria, resultado de la corrupción y la ineficiencia gubernamental: se cuenta sólo con 0.80 camas de hospital por cada mil personas, existen 2.10 médicos por cada mil personas, se otorgan sólo 357 consultas de especialización por cada mil personas y aunque la esperanza de vida al nacer se ha incrementado a 74.37 años, no existen servicios especializados de salud para atención de los adultos mayores.
Mariano jamás desarrolló una política de salud clara y específica para la atención de la diabetes; nunca se ocupó de modernizar y crear nueva infraestructura hospitalaria, la actual es inadecuada o inexistente.
Es más, existen problemas de salud pública muy específicos como el de la insuficiencia renal, en donde Tlaxcala, junto con la Ciudad de México y el Estado de Puebla, ocupa uno de los primeros lugares en mortalidad por esa enfermedad.
No solamente se deben revisar los servicios de atención a los enfermos, los trasplantes de riñón que en nuestro Estado las cifras de operaciones son muy bajas, sino que hace falta revisar las causas que están ocasionando esta problemática empezando por los contaminantes que se descargan de Ciudad Industrial Xicohténcatl y el Corredor Industrial de Xaloztoc, que desde hace aproximadamente 20 años empezaron a ocasionar serios problemas de salud pública en comunidades como la de Texcalac, Municipio de Apizaco, al presentarse agentes tóxicos en las aguas que atraviesan esa comunidad.
Mariano González nunca verificó el cumplimiento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente por parte de las empresas, para que tomaran las medidas necesarias en el supuesto de que estén violentando dicha ley; Mariano nunca realizó diagnósticos serios y especializados para erradicar las causas que originan este problema de salud pública y eso incluye desde luego, lo que tenga que ver con el debido funcionamiento de las empresas.
Seguridad y procuración de justicia de simulación
La seguridad es un derecho inalienable para todas y todos los mexicanos y tlaxcaltecas. Es obligación esencial de todo Estado la garantía de seguridad para sus ciudadanos, es decir, garantías para ejercer las libertades que caracterizan a una sociedad democrática. Mariano simplemente se desentendió.
En materia de delitos en el estado se cometen 4.8 homicidios por cada 100 mil personas, 45 robos de vehículos por cada 100 mil y se cometen 4.5 delitos también por cada 100 mil personas. El robo a casas habitación y el sentimiento de inseguridad de las personas va en aumento. La trata de personas es un mal que sigue lacerando a nuestro estado.
Las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública padecen de corrupción, ineficiencia y falta de profesionalización, lo que provoca el retraso a la justicia y la violación de las garantías y los derechos humanos.
Según el Índice Global de Impunidad en México (IGI) el rezago en impartidores de justicia es el más grande en nuestro país y es el reflejo de la realidad que se vive en los poderes judiciales locales. El promedio nacional de magistrados y jueces, en el ámbito local, es de apenas 3.5 por cada 100 mil habitantes. La media nacional entre los países estudiados por el IGI es de 17.
Educación y la simulación legislada
La agrupación internacional de países conocida como “OCDE” (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), de la cual México es integrante, afirma que nuestros estudiantes de niveles básicos siguen teniendo grandes deficiencias en aspectos fundamentales educativos, como lo son la lectura y la comprensión de textos, así como el dominio de esquemas elementales de lógica matemática.
En la Prueba PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) de hace dos años, en donde a pesar de haber mejorado nuestra puntuación, se diagnosticó que a este ritmo de avance que ha observado nuestro país, nos tomaría más de 25 años para alcanzar el promedio de los países miembros en tratándose de matemáticas y más de 65 años en indicadores relacionados con la lectura.
México, incluyendo obviamente Tlaxcala, ocupa uno de los tres últimos lugares en desarrollo educativo, entre los 34 países miembros de la OCDE.
Estas cifras que he referido, siendo muy pequeñas, representan por el contrario grandes indicadores de nuestra lamentable realidad. Así, frente a la llamada Reforma Educativa del año 2013 que responsabiliza a los maestros de la catástrofe que vive en el país en materia educativa, ante la cooptación del sindicalismo vía la amenaza o a través de la descalificación de la disidencia, los maestros de México y de la entidad han perdido cohesión gremial y se encuentran dispersos en pequeñas células de acciones aisladas que, aunque legítimas, carecen de fuerza para el logro de causas que dignifiquen su labor.
Además, es claro que el magisterio debe encontrar una nueva forma de organización, que posibilite el logro de su causa laboral, que busque cohesión social en torno de la labor docente, pero que este derecho constitucional no se contraponga con otros preceptos protegidos de igual forma en la Constitución a una educación de calidad para los niños y las niñas de México.
La Reforma Educativa está organizada sobre los principios neoliberales de producción, resultados y medición de logros, los criterios e indicadores se centran en elementos técnicos de difícil comprobación e incluso de grandes contradicciones. En el régimen neoliberal que se vive en México, el Estado se desentiende de la responsabilidad del bienestar general, y sus funcionarios asumen que su tarea principal es lograr la mejora de cifras que suponen indicadores que reflejan la realidad en materia educativa.
En Tlaxcala la dignidad de los trabajadores de la educación y sus derechos laborales son considerados por Mariano y su obsoleto Secretario de Educación, como remanentes o resabios del pasado que entorpecen la calidad de la educación y el desarrollo; cuando es exactamente lo contrario, el gobernador y colaboradores son la causa de los atrasos. El magisterio tiene una paradoja, pues es considerado al mismo tiempo como el peor problema y la mejor solución para la educación.