- Tlaxcala
La delegada del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) dependiente de la SEDESOL y la SE, María Isabel Briseño Chavarría, “recomienda” a beneficiarios de proyectos autorizados con recurso federal, con quiénes deben de adquirir productos o servicios, lo que ha generado un conflicto de intereses de su parte.
Mujeres que solicitaron acceder al fondo de inversión para desarrollar un proyecto productivo de tipo social y comunitario, manifestaron que fueron intimidadas con tal de contratar a los proveedores que la delegada del INAES les ha impuesto, pero que al no acceder les ha generado conflictos para llevarlo a cabo.
Una vez aprobado el proyecto, la funcionaria federal presentó a los proveedores que se harían cargo de dotar de insumos, obra civil y servicios, sin consentimiento de las beneficiarias.
El acto ya fue denunciado ante la Secretaría de la Función Pública federal (SFP) y ante la Contraloría del Ejecutivo (CE) local desde diciembre de 2016, pero hasta la fecha no ha habido respuesta o seguimiento a la misma.
Grabaciones en poder de este medio, dan cuenta de que Briseño Chavarría ha encarado a las beneficiarias y ha aceptado que los proveedores son amigos suyos o amigos de terceros, a los cuales recomienda por su probada capacidad de cumplimiento, acto del que ella está impedida como servidora pública.
Por si fuera poco, la funcionaria se niega a recibir documentación y correspondencia mediante sello oficial aun cuando ella no se encuentre físicamente en sus oficinas y que esa indicación la tienen todos sus colaboradores, lo que impide a las afectadas llevar a cabo trámites como la comprobación de la aplicación de los recursos.