Y es que ahora con la renovación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, la LXII Legislatura local debe contar con un representante ante dicho órgano de control administrativo y evaluación de labores, pero en su carácter de cuerpo colegiado el Congreso del Estado tendría que consensar de manera democrática quien es la persona idónea.
Eso significa que de entre los profesionales del derecho que tengan voluntad de desempeñar tal función pública y, “que demuestren gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito… que amerite pena corporal de más de un año de prisión…, u otro que afecte seriamente la buena fama.. que lo inhabilitara para el cargo…”
Pero que además, que sea “Un profesional del derecho de reconocido prestigio académico o que haya destacado en el ejercicio de la profesión”. Todo esto según el artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
O sea que se debe acreditar conocimiento más que básico, experiencia y, en este como en todo trabajo, actualización, conceptos que aunque aplica para los cinco elegidos por los tres Poderes del Estado, el correspondiente al Congreso de Estado se realiza a través de una convocatoria abierta al público en general.
Sin embargo la forma en que se lleva a cabo es lo que pone en duda, la pulcritud de la decisión de uno de los poderes del Estado, porque pareciera que se limita a los interesados dándoles un estrecho margen para enterarse, breve espacio de tiempo para presentar la documentación; sin transparencia en la validación de la documentación.
Peor aún una fugaz evaluación de conocimientos, que a diferencia de otros procesos de selección en el mismo Congreso, como el del procurador, consejeros electorales o comisionados de derechos humanos y acceso informativo, no fue realizada por expertos, porque, con respeto a los legisladores de la comisión dictaminadora, no se vislumbra que sean expertos en la materia.
Ni que decir de la secrecía de origen y en cada una de los ciclos, empezando por la publicación de la convocatoria, cuya “sexta” fase se especifica: “publíquese esta convocatoria en los medios de comunicación digitales y en la página de internet del Congreso del Estado”, evadiendo la tradicional publicación en los periódicos impresos, y más allá de la inmediatez que ofrece el internet, no quisieron evidenciar la premura que acusa el hecho de que sólo se tendrían una horas para reaccionar los aspirantes, “curándose en salud”.
Lo más preocupante es que en la opinión pública se desató el rumor, sin ser atacado por una versión oficial y creíble, que como en otras experiencias, sólo se realizó una simulada selección del mejor abogado para el cargo en comento.
Que el presidente de la Junta de Coordinador y Concertación Política del Congreso, Mariano González Aguirre, ya tenía “amarrado” a quien será este día designado como “su” representante ante la Judicatura, Emilio Antonio Velásquez Leiva, quien su mejor antecedente es haber sido funcionario municipal de Apizaco, ciudad natal de dicho diputado.
A Mariano y al PRI ya se le concedieron nombramientos unánimes como el del procurador y algunas carteras dentro de la estructura del propio Legislativo, por lo dejaría una elemento más de desconfianza que fuera electo quien dicen Velásquez Leiva, es salvadoreño, aunque con sus derechos de mexicano a salvo.
Por otro lado, la juez Claudia Pérez González, quien se quedó a cabildear al último de la jornada evaluatoria con el mismo legislador hijo del exgobernador González Zarur, falta al espíritu de imparcialidad, pues ha sido aspirante a candidata y reconocida miembro del Partido Acción Nacional (PAN).
Además el hecho de competir desde el Legislativo la juez revela que no tiene la simpatía, claro para el cargo, de Elsa Cordero Martínez (Elsita), la presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien tiene, ella sí, la facultad de decidir por sí sola a un representante ante el Consejo de la Judicatura. Por algo será.
En dicho proceso alternaron abogados que pudieran bien respaldar la decisión del Congreso local, incluso aportar confianza ciudadana a los diputados, borrando toda suspicacia por no tener antecedentes partidista o denoten interés de grupo político.
Ahí están con reconocida trayectoria litigante y académica Menihcia Fernanda Suárez Sánchez; Dante Morales Cruz; María Sonia Sánchez Barba o el joven Leonardo Vargas Terrones.
Dudas.
¿Será cierto que el gobernador Marco Mena abandonó su campaña a diputado, pero para ir a un curso de liderazgo legislativo a Washington?
¿Es su afán de estar estudiado y preparado para lo que quiere desempeñar?
¿Traer a un erudito de la administración pública es muestra de que quiere compartir el conocimiento?
Esgrima… La delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Tlaxcala, Mariana González Foullon, entregó el pago correspondiente a beneficiarios de Mazatecochco y Teolocholco… Directores de diversas áreas del ayuntamiento de Tlaxcala acudieron al programa matutino de imagen televisión “Sale el Sol”, para promover la riqueza cultural y gastronómica del municipio capitalino; principalmente en esta época de Carnaval… Escriba a [email protected]