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“Nos dejaron el puso cascarón, material y equipo obsoleto y adeudos que todavía no podemos cuantificar porque no nos dejaron información contable, de hecho fue una entrega fantasma”, afirmó el entrante alcalde de Apetatitlán, Valentín Gutiérrez Hernández quien, sin embargo, no ve que en su administración haya una cacería de brujas y actuará penalmente solo cuando haya datos contundentes para proceder.
Fue hasta este viernes y con la fe del notario público Leopoldo Zárate Aguilar, que el equipo del panista pudo tomar posesión de la presidencia municipal, incluso no ha sido posible hasta este día que el cabildo sesione, no obstante manifestó que “el objetivo es venir a resolver los problemas”.
Para ello, Gutiérrez Hernández adelantó que solicitarán un préstamo económico a una institución bancaria o a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, a efecto de cubrir adeudos en servicios básicos para la alcaldía, para que no se detengan los servicios públicos a la ciudadanía, un millón de pesos para el pago de dos quincenas y prestaciones a 24 trabajadores sindicalizados y cinco millones de pesos que se tienen que reportar a la Secretaría de Hacienda por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los sueldos de los trabajadores de la pasada administración encabezada por Raúl Acoltzi.
Dijo que aprovechará los primeros quince días del mes de enero para hacer todas las observaciones sobre irregularidades heredadas que encuentre, ya que “ni siquiera tenemos el tabulador para saber cuánto se les pagaba a los trabajadores”, y a partir de ahí valorar deslindar responsabilidades por la vía penal.
En otro orden de ideas, Valentín Gutiérrez adelantó que creará una unidad de gestión y seguimiento que tendrá dos objetivos: uno, el hacer recorridos periódicos en las comunidades para conocer de los problemas que las aquejan y, dos, hacer la gestión necesaria para bajar recursos de todos los programas posibles que operen dependencias tanto estatales como federales.
Adicionalmente se activará una campa anticorrupción que iniciará desde la Dirección de Seguridad Pública y se extenderá a todas las áreas de la alcaldía y escuelas e instituciones públicos, con el fin de denunciar a los malos servidores y crear conciencia sobre el mal que hace a la sociedad ese tipo de prácticas.