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La promoción de un juicio político en su contra, a unas horas de que se realizara la elección del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), “es evidente y se le puede dar esa lectura, buscaba frenar mis aspiraciones a ocupar esa posición”, reconoció la magistrada Elsa Cordero Martínez.
Además, advirtió que no existen motivos para solicitar su destitución del cargo de magistrada e inhabilitarla para desempeñar un puesto público en el futuro, pues “es la primera vez que por cumplir una función legal y no prestarse a acuerdos distintos a la ley, uno es denunciado”.
El pasado 31 de enero, a unas horas de que se realizara la elección del nuevo titular del Poder Judicial, la juez primero de lo penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Rosalba Santacruz Meneses solicitó al Congreso del estado iniciar un proceso de juicio político en contra de la magistrada del TSJE Elsa Cordero Martínez.
En su solicitud y denuncia de juicio político, la juez relató que desde el año 2010, Elsa Cordero Martínez instauró al menos cuatro procedimientos administrativos de responsabilidad en su contra, con argumentos de haber cometido “irregularidades” en la resolución de diversos expedientes penales.
En respuesta a este asunto, la magistrada aseguró que no ha sido notificada de la solicitud de juicio político promovido en su contra en el Congreso del estado, pero debido a la información difundida este miércoles en La Jornada de Oriente, supo de ésta, la cual consideró que carece de sustento y se trata de algún recurso “que tiene otra finalidad y no es lo legal, siempre he actuado con apego a la legalidad”.
En entrevista, la magistrada refirió que en 2010, cuando se desempeñaba como presidente de la Sala Penal del TSJE advirtió que en al menos cuatro resoluciones de la juez, ahora denunciante, existieron omisiones que “consisten en que permitía la conmutación de penas (a través del pago de dinero) sin que el proceso penal correspondiente hubiese causado estado o se hubiera resuelto en definitiva, lo cual contraviene diversas disposiciones legales, como el Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala”.
Abundó que ante ello, hizo del conocimiento del pleno de la Sala Penal las conductas presuntamente atípicas de la funcionaria y, “de manera unánime, los magistrados Francisco Flores Olayo, Mario Antonio de Jesús Jiménez y yo decidimos notificar a la Comisión de Gobierno Interno y Administración esta situación, pero después de más de un año, cuando ya era el Consejo de la Judicatura, decidieron sancionar a esta persona con su inhabilitación y destitución, pero no fue una decisión de Cordero Martínez, porque yo no voté, no pertenezco a ese órgano”.
Aunado a ello, refirió que la justicia federal, a la que acudió la quejosa, nunca la absolvió de los señalamientos contrarios a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, “pues resolvió concederle el amparo, pero nunca fue al fondo del asunto, sólo determinó la prescripción del caso, pues el Consejo de la Judicatura resolvió un año después de que se presentó el recurso, pero no fue absuelta”.
No obstante, Cordero Martínez prefirió no emitir ningún calificativo a este proceso presentado en su contra, “porque no lo conozco de fondo”, pero cuestionada sobre la temporalidad en la que fue promovido y si éste era un recurso para frenar sus aspiraciones, señaló: “creo que esa es una lectura que ustedes pueden dar, pero es evidente que algo lleva de eso”.
Sobre todo, explicó: “la justicia federal notificó al Consejo de la Judicatura de la prescripción de la sanción desde el pasado 26 de noviembre y desde el 4 de diciembre fue restituida en el cargo. Ahora, hasta dos meses después, presenta este recurso, el cual fue promovido unas horas antes de la elección del pleno del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado”.
De paso, se dijo extrañada que este recurso fuera promovido sólo en su contra, cuando fueron los tres magistrados de la Sala Penal, Francisco Flores Olayo, Mario Jiménez y ella quienes acordaron y aprobaron notificar a la Comisión de Gobierno Interno de las conductas presuntamente irregulares cometidas por la juez.
Ante estas precisiones, Cordero Martínez confió en que el proceso solicitado en su contra se declare improcedente, pues “nunca actúe en contra de la juez, sólo hice del conocimiento del pleno de la Sala Penal algunas conductas que presumiblemente contravienen la legalidad… yo no sancioné, no es ni ha sido mi facultad”, recalcó.
Por ello, contrariada, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado adelantó que una vez que sea notificada de ese proceso instaurado en su contra, “me defenderé por la vía legal, porque si por cumplir con mi deber se procede en contra mía, creo que no es justo, pero tenemos los argumentos jurídicos para combatirlo, porque soy una mujer de leyes que antepone esos principios a cualquier otra situación”, enfatizó.
“Mi cargo como magistrada me honra, e idealista o no, cumpliré hasta el último día de mi encargo con estas funciones siempre basada en la legalidad, aunque con ello afecte a más de uno al interior del TSJE, acotó.