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Resultado de las pruebas contundentes que documentó el agente del Ministerio Público, adscrito la Procuraduría General de Justicia del Estado (Pgje), y del trabajo jurídico de la Procuradora, Alicia Fragoso Sánchez, Tlaxcala consiguió la cuarta sentencia condenatoria en contra de Belina Martínez González y/o Belina Martínez Sánchez o Alejandra Martínez Sánchez, por el delito de trata de personas.
La Pgje logró acreditar la responsabilidad de esta persona en el delito de trata de personas, en agravio de tres mujeres, por lo que se le impuso una sentencia de siete años de prisión y una multa de 500 días de salario mínimo vigente en el Estado de Tlaxcala, así como el pago a la reparación del daño moral.
Por lo anterior, la inculpada fue remitida al Anexo Femenil del Centro de Reinserción Social (Cereso) por el delito de trata de personas, dentro del Proceso Penal 57/2012, del Juzgado Segundo de Sánchez Piedras.
Las tres mujeres que eran explotadas sexualmente por Martínez Sánchez fueron rescatadas en un operativo que montó la Pgje, la tarde cuatro de enero en una casa de citas sin denominación, ubicada en la esquina que forman las calles Hidalgo y Francisco Sarabia número 1102-A de Apizaco.
Tras el proceso jurídico, el 21 de mayo de 2013, el Juzgado Segundo de Sánchez Piedras dictó la sentencia condenatoria dentro del proceso penal correspondiente en contra de Martínez González.
Esta acción se suma a las tres condenas que ya consiguió la Pgje a través de su trabajo jurídico, mediante el que se aportaron las pruebas contundentes para la obtención de estos fallos.
La primera sentencia que consiguió el Estado fue el 11 de junio de 2012, a través del Juzgado Cuarto de lo Penal de Guridi y Alcocer, en contra de Bulmaro Xochicale Gutierréz, de 44 años de edad, y Miguel Ángel Xochicale Hernández, de 22, padre e hijo respectivamente, originarios del municipio de Zacatelco, por el delito de trata de personas equiparada.
El juez les impuso una pena de 18 años de prisión, una multa de mil 900 días de salario mínimo, además les ordenó la reparación del daño para las víctimas.
La segunda fue el siete de agosto de 2012, cuando el Juzgado Cuarto de lo Penal de Guridi y Alcocer dictó sentencia contra Valentín Rojas Rojas, de 39 años de edad, originario de Zacatelco, por el delito de trata de personas equiparada.
En este caso, y gracias a que el Ministerio Público acreditó todas pruebas, se impuso una pena de 11 años de prisión, una multa de mil días de salario y la reparación del daño a la víctima.
La tercera resolución de Juzgado fue el ocho de noviembre de 2012 en contra de Juan Gutiérrez Conde y Virginia Maldonado Obregón, por los ilícitos de trata de personas, violación y lenocinio en agravio de sus propias hijas, y Anastasio Conde, quien se desempeñaba como auxiliar de servicios técnicos en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).
A los padres, se les impuso una condena de 60 años de prisión y una multa de dos mil días de salario mínimo vigente en el Estado, mientras que el tercero fue condenado a 40 años de prisión, dos mil días de salario, además de la reparación del daño a las víctimas.