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La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) en Guanajuato detuvo al ex director de los hospitales generales de Celaya y León, Gregorio Martín del Campo, y a quien fungió como jefe de finanzas de esas unidades médicas, Fernando Guiza Suárez, por un presunto un fraude de cerca de 7 millones de pesos cometido en el sexenio Juan Manuel Oliva Ramírez, hoy miembro de la dirigencia nacional del PAN.
Estas son las primeras detenciones de funcionarios de la administración anterior por supuestos actos de corrupción y peculado, entre otros delitos, detectados por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso local.
Aunque el gobernador Miguel Márquez y la propia PGJ afirmaron que se trató de dos aprehensiones derivadas de una denuncia de la Secretaría de la Transparencia, en realidad el expediente, 79/2013, corresponde a una de tres denuncias que en noviembre pasado presentó el OFS, luego de la revisión efectuada al estatal Instituto de Salud Pública (Isapeg) por el periodo 2010.
En esa época, por cierto, era secretario de la Gestión Pública el actual gobernador Miguel Márquez Márquez, pero fue el Órgano de Fiscalización del Congreso el que interpuso varias denuncias, de las que a la fecha sólo se ha concretado la captura de los dos exfuncionarios ya mencionados.
De acuerdo con una nota de la agencia de noticias de Proceso, el OFS detectó desvíos y fraude en servicios de lavado, fumigación, higiene, vestuario, uniformes y blancos del Isapeg por 909 mil pesos; irregularidades en la adquisición de mobiliario, equipo médico e instrumental por un monto de poco más de 6 millones de pesos.
En un comunicado, la PGJ informó que acreditó el fraude cometido por ambos ex servidores públicos en agravio del Instituto de Salud Pública, al simular compras de medicamentos y material de curación que nunca ingresaron en los almacenes del Isapeg.
Gregorio Martín del Campo continuaba prestando sus servicios en el área de epidemiología del Hospital de León al momento de su captura. Se desempeñó como director del Hospital de Celaya de 2006 a febrero de 2011, y de ese mes a septiembre pasado ocupó el mismo cargo en el Hospital de León.
Mientras que Guiza Suárez era hasta la fecha encargado del programa de gastos catastróficos en el registro hospitalario de Celaya. Laboraba en el Isapeg desde el 2003, cuando ingresó como responsable de recursos financieros en la Jurisdicción Sanitaria III de Celaya.
En el 2006 fue transferido al área de recursos financieros del Hospital General de Celaya y, en marzo de 2011, pasó a ocupar la jefatura de recursos financieros en el Hospital General de León, cargo que dejó en noviembre pasado.
La PGJ precisó que el monto total del fraude del cual se responsabiliza a ambos funcionarios asciende a 6 millones 884 mil pesos.
Durante la gestión del panista Juan Manuel Oliva Ramírez el Instituto de Salud Pública se vio envuelto en una serie de actos de corrupción en los que se involucraron varios funcionarios de alto nivel.
El actual gobernador Miguel Márquez declaró, a propósito de estas aprehensiones, que "va en serio el combate a la corrupción y puede que haya más" detenciones de exfuncionarios.
Incluso, negó tener algún acuerdo con su antecesor Juan Manuel Oliva para "tapar" anomalías de su administración.
"Lo dije muy claro, cero tolerancia con aquellos que incurran en este tipo de delitos. A veces no nada más se necesita la auditoría, también que se vaya más allá la investigación y que vayan a la cárcel", advirtió.
Acusan al ex gobernador de Morelos de desvío de recursos
El gobierno que encabeza en Morelo el perredista Graco Ramírez presentó dos nuevas denuncias penales –ya van cuatro– contra distintos funcionarios de la anterior administración, la del panista Marco Adame, por presuntas irregularidades financieras.
Según otra nota de la agencia de noticias de Proceso, el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer, interpuso las querellas ante la PGR por el supuesto desvío de 942 millones de pesos.
"Tenemos ya cuatro denuncias, la primera en el Instituto de Educación Básica del estado de Morelos por la retención indebida del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en Administración Contable, y hoy en el Instituto de Crédito para los Trabajadores del Gobierno, así como en los Servicios de Salud" de la entidad, detalló.
Durante el gobierno de Adame, la Secretaría de Gobierno estatal firmó un contrato con Nadro, compañía distribuidora de medicamentos, por 745 millones 199 mil 999 pesos, y para pagar el sobreprecio de las medicinas se desviaron recursos de programas sociales federales, entre ellos el Seguro Popular.
Aparte, detalló Messeguer, se pagaron otros 23 millones de pesos a esta empresa sin justificación.
La denuncia es por "un software para poder pagar los medicamentos que se suministraban con fecha del 23 de mayo y se presentó con el número PGR/MOR/CV/2013-II, en contra de ex servidores públicos administrativos y operativos de los Servicios de Salud por su posible participación en el delito de peculado y lo que resulte, cometido en agravio de la administración pública federal.
"Esta denuncia es por el presunto desvío de recursos de programas federales para cubrir el pago de servicios de suministro de medicamentos y material de curación a centros de salud y hospitales del estado, por parte de la empresa Nadro, S.A. de C.V.", puntualizó.
La segunda denuncia corresponde a la omisión del pago de 173 millones 946 mil 55 pesos al Instituto de Crédito de los Trabajadores del Gobierno del Estado sobre las aportaciones de los trabajadores y de patronales del Poder Ejecutivo.
La denuncia se integró en la carpeta de investigación SC01/4112/2013 por el delito de peculado y lo que resulte, contra exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Probable que Granier se haya dado a la fuga
Es posible que Andrés Granier Melo, ex mandatario de Tabasco, se haya dado a la fuga, aseguró el actual gobernador de la entidad, Arturo Núñez Jiménez.
La razón, afirmó, es la orden de la Procuraduría de su estado, que lo llamó a comparecer y declarar sobre los 88.5 millones de pesos encontrados en la casa del exsecretario de Finanzas de Tabasco, José Manuel Saiz.
Al preguntarle si Granier podría haber huido, dijo: "Es posible, pero hay mecanismos para que si se quiere que comparezca, lo haga", sostuvo en Palacio Nacional, a donde asistió a la instalación del Consejo Nacional de Protección Civil.
Recordó que la investigación sobre el caso Granier es federal, por lo tanto, la están realizando las unidades de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República.
Núñez Jiménez recordó que fue el gobierno federal el que detectó al principio las irregularidades financieras en el sistema de salud de Tabasco.
"Nosotros las confirmamos y ampliamos, esto no es un asunto de partidos, es un asunto de manejo de recursos públicos, de honorabilidad o de delitos". aseguró según otra nota de Proceso.