Llega el director general de los CECyTES Victorino Vergara Castillo a reforzar la campaña de candidatos priistas en el municipio de Apizaco, obligaría a empleados de ese subsistema en conformar brigadas para hacer proselitismo a favor de los abanderados del tricolor, ante el repudio de la ciudadanía del partido en el poder.
De acuerdo a versiones de personal cercano al funcionario del Gobierno estatal, los empleados fueron obligados para realizar campaña a favor de los candidatos del PRI en Apizaco, principalmente para apuntalar al matador de toros Rafael Ortega Blancas quien busca ser alcalde en las filas del PRI.
Las brigadas también fueron repartidas para hacer promoción de los candidatos a diputados locales en los distritos XV María Antonieta Stankiewicz Ramírez, y el XVI con José Luis Ramírez Conde.
Versiones de algunos de los trabajadores que se encuentran en contra de su voluntad realizando la promoción de los abanderados priistas, señalaron que al llegar a las diferentes reuniones les son quitados teléfonos celulares y objetos con los que puedan tomar evidencias de los actos proselitistas a los que son obligados a asistir.
Es de recordar que en ese municipio de Apizaco, se presume que dos de los principales operadores son el diputado local Silvestre Velázquez Guevara y el oficial mayor de gobierno Ubaldo Velasco Hernández.
Incluso en días pasados, trabajadores del Gobierno del Estado denunciaron que fueron obligados a sumarse a las actividades políticas de los candidatos del PRI, de lo contrario serían despedidos de la administración estatal.
Victorino Vergara Castillo fue tachado de “rata cuadrúpeda” por el diputado Justo Lozano Tovar ya que durante el análisis de su cuenta pública del 2011 fueron detectadas observaciones millonarias que el funcionario estatal, no pudo justificar ante el Congreso local.
El diputado panista exhibió al directivo por haber gastado recursos públicos en bebidas embriagantes, presuntos excesos y malversación de fondos, como la aplicación de 6.2 millones de pesos en algunas partidas que no estaban contempladas en su presupuesto.
Además, lo acusó de malversar 5 millones de pesos para la instalación de internet en los planteles educativos y la adquisición de libros por 3 millones de pesos, así como diversos pagos personales por 51 mil pesos.
Incluso, le imputó un gasto irregular de 267 mil pesos por concepto del pago a una empresa de vigilancia, aun cuando la conformación de la estructura del CECyTE incluye plazas para cubrir dicho servicio.
Sin embargo, la cuenta pública del CECyTE fue aprobada sin que fuera sancionado el funcionario marianista, por estar dentro del paquete que envió el Poder Ejecutivo al Legislativo.