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A fin de revertir el criterio de inconstitucionalidad de nueve artículos de la nueva Ley de Pensiones Civiles, el gobierno del estado determinó promover un recurso de revisión en contra de las resoluciones del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en Cholula, Puebla, respecto de las solicitudes de amparo interpuestas por trabajadores del Sindicato 7 de Mayo.
Héctor Maldonado Bonilla, consejero jurídico del Poder Ejecutivo, explicó que esta apelación fue presentada en términos generales para que los magistrados del Tribunal Colegiado "revisen todos y cada uno" de esos artículos señalados como contrarios a la Constitución y estimó que en cuatro meses más pudiera haber un fallo.
"Pedimos que no lean ni analicen un artículo de manera individual, sino en su contexto con las demás disposiciones", precisó el funcionario estatal en torno a los nueve numerales, dos de ellos de carácter ordinario, que la autoridad jurisdiccional observó en 30 resoluciones emitidas hace unos días.
Maldonado Bonilla refirió que a la fecha el gobierno estatal ha recibido notificación de al menos 100 amparos promovidos por burócratas y que fueron desahogados en el Juzgado Primero y Segundo del Centro Auxiliar de Cholula, estado de Puebla.
Entre ambas instancias la cantidad de artículos señalados es de aproximadamente 15, por lo que –anotó– "seguramente iremos al recurso" con los otros seis nuevos que el Juzgado Primero ha tomado en cuenta, ya que el fallo es en el mismo sentido que el de los primeros.
Dijo que ya realiza un análisis de los mismos, sin embargo, consideró que "todavía no es una cuestión gravosa de fondo que impacte en las finanzas" del organismo operador del sistema de pensiones, incluso en caso de que la sentencia quedara firme.
Asimismo, el consejero jurídico informó que la semana pasada se resolvió un recurso de revisión a través del cual un trabajador demandó que se le concediera la suspensión para efectos de que no se le cobrara la cuota de aportación de 12 por ciento a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala (PCET).
"Los magistrados del Colegiado determinaron que el artículo no se le debe aplicar hasta que terminen los procedimientos de amparo, pero de todas formas ese 12 por ciento debe enterarlo cada 15 días a la Secretaría de Finanzas, o sea, la ley se sigue aplicando y no hay ninguna afectación a las finanzas del organismo", precisó.
Héctor Maldonado reiteró que la nueva legislación en la materia "está en vigor hasta que no haya una sentencia firme que nos indique, como autoridades responsables, que dejemos de aplicar tal o cual artículo".
Pero adelantó que ese escenario "no va a suceder" porque para ello desde el pasado viernes inició la presentación de recursos de revisión, ya que la iniciativa del gobernador Mariano González Zarur "de ninguna manera pretendió lesionar los derechos de los trabajadores ni afectar derechos adquiridos".
El funcionario expuso: "la interpretación que está haciendo el juez sí nos interesa que quede muy clara, es una cuestión para conocer el criterio del juzgador y si se pudiera revertir el sentido qué mejor".
Asimismo, Maldonado Bonilla añadió que todavía falta que los jueces resuelvan el 90 por ciento de las solicitudes de amparo interpuestas por 2 mil 500 burócratas y consideró que es complicado que pudiera crecer el número de artículos calificados como inconstitucionales.
Lo anterior, al explicar que solamente hay dos modelos de demanda de protección de la justicia federal, uno relativo al Sindicato 7 de Mayo y otro al de los agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en los que la única diferencia que se observa es que los segundos no impugnaron el procedimiento legislativo ni algunos artículos de la ley.
Asimismo, el consejero jurídico agregó que nada más dos jueces van a resolverlos y además ya externaron su punto de vista. "Es difícil" que en un nuevo estudio pudieran incorporar nuevos artículos, pese a que se trate de asuntos independientes, ya que fueron demandas "prácticamente de machote".
Finalmente, Héctor Maldonado remarcó que la parte relativa al procedimiento legislativo que el Congreso local siguió para aprobar esta ley, "está quedando sin tocarse", por lo que insistió en que este tema "ya quedó fuera" de discusión en los juzgados de la federación.