- Congreso
Por unanimidad de votos, diputados de la LX Legislatura local, aprobaron la nueva Ley de Protección Civil para el estado de Tlaxcala, con el objetivo de regular las acciones de protección civil, estableciendo las bases para la integración y el funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil, así como promover la participación ciudadana y fomentar la cultura de la protección civil en el Estado.
Se especificó que los poderes Legislativo y Judicial, las dependencias y entidades del poder Ejecutivo, los municipios, los organismos constitucionales autónomos, los sectores privado y social, así como la población en general, deberán coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen en forma coordinada y eficaz, de conformidad con lo previsto por dicha ley.
En el dictamen, dado a conocer por los diputados José Víctor Morales Acolzti, Rebeca González Hernández, Linda Patricia López Aldave, Liliana Ramírez Díaz y Gelacio Montiel Fuentes, se especifica que toda persona podrá denunciar, de forma verbal o escrita, ante las autoridades competentes los hechos, actos u omisiones que causen o puedan causar situaciones de emergencia o desastre para las personas, sus bienes, la planta productiva, el medio ambiente o la infraestructura estratégica en el Estado.
Asimismo, se crea el Sistema Estatal de Protección Civil y la creación e integración de los sistemas municipales de protección civil, así como la regulación de las actividades voluntarias de peritos, inspectores, empresas capacitadoras, consultores, universidades, instituciones de educación superior y colegios y asociaciones de profesionistas en la materia.
Por otra parte, los diputados locales reformaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública y Código Financiero, ambos del Estado de Tlaxcala, con el fin de reducir el gasto de operación del gobierno y, a partir de ello, estar en posibilidad de destinar mayores recursos a la realización de obra pública, así como a la creación y fortalecimiento de programas sociales en beneficio de la ciudadanía.
Durante la lectura del dictamen, dado a conocer por los legisladores Tulio Larios Aguilar, Mario Hernández Ramírez, Leticia Maribel Cervantes García y Juan Javier Potrero Tizamitl, se justificó la necesidad de reordenar el quehacer público y adelgazar las estructuras.
En el proyecto remitido por el titular del Ejecutivo estatal, se justificó la adecuación a la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Tlaxcala para la conformación de la Secretaría de Planeación y Finanzas, la cual se encargará de establecer políticas públicas en materia de desarrollo social y de la administración de la hacienda pública del Estado.
A partir de esta adecuación, se integran a la actual Secretaría de Finanzas las funciones que venía realizando el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala, misma que a la fecha tiene el carácter de organismo público desconcentrado de la Secretaría de Finanzas.
Al fusionarse las dependencias citadas se hace necesaria la reforma a diversos artículos del Código Financiero que se refieren al citado Comité, a fin de que exista la debida correspondencia normativa entre ese ordenamiento respecto de la legislación orgánica y se logren los objetivos previstos en los artículos 98, 99 y 100 de la Constitución Política de la entidad.
Ello en virtud de que el Ejecutivo considera indispensable el fomento turístico y el desarrollo económico como actividades prioritarias para el crecimiento de la entidad que encaucen de manera armónica y bajo las directrices de una sola dependencia.
Con esta reforma, se extingue la Secretaría de Turismo y se trasladan sus funciones al eje de la Secretaría de Desarrollo Económico, para convertirse en Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.
Se mencionó que la Secretaría de la Función Pública, prevista en los artículos 11, 45 y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, se redimensione como instancia de apoyo y no como un órgano que recargue el cuerpo burocrático, por lo que con la reestructuración cambia su denominación a “Contraloría del Ejecutivo” y junto con la Consejería Jurídica del Ejecutivo, se incorporen como órganos adscritos al despacho del titular del Poder Ejecutivo, transfiriendo las funciones, facultades, recursos y programas que actualmente llevan a cabo.