• Roberto Nava Briones
Por un lado ofrece empleos y desde que llegó como alcaldesa se ha dedicado a dejar sin trabajo a sus coterráneos.

A pesar de que crear empleos es una frase de campaña de la priista Blanca Águila Lima candidata a diputada local en el VIII distrito, su administración lleva hasta el momento con más de 40 demandas laborales en contra del Ayuntamiento de Zacatelco por el despido injustificado de ex funcionarios de esa comuna.

Por lo anterior, el próximo alcalde de Zacatelco se verá en una situación complicada ya que además existen laudos millonarios que en la actual administración municipal se ha negado en pagar y que a la fecha se ha negado en conciliar ante las autoridades laborales.

Contrario a la trayectoria de la alcaldesa con licencia, que fuera líder dos veces del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) sección 27, y que dentro de sus funciones fue pugnar por defender los espacios laborales, durante su gestión como presidente municipal, se disparó el número de demandas por el despido injustificado de personal.

Entre algunos de los despidos más recientes, se debió a cuestiones políticas ya que algunos de los despedidos se negaron en apoyarla en sus aspiraciones como candidata a diputada local.

Cabe recordar, que desde el primer año de gestión de Blanca Águila Lima como alcaldesa en la comuna referida, tras no existir los canales de comunicación para llegar a un acuerdo con los ex empleados municipales a quienes se les rescindió el empleo por situaciones políticas, la comuna enfrenta decenas de demandas.

De acuerdo a versiones de ex trabajadores, ha faltado capacidad negociadora por parte de las autoridades municipales, las cuales han optado en diversas ocasiones en cerrar las puertas del edifico público para evitar con ello el embargo laboral en lugar de afrontar la grave situación por la que atraviesa el municipio.

Por lo anterior, el Ayuntamiento de Zacatelco enfrenta una situación muy grave en ese rubro, por lo que de acuerdo a una suma aproximada, el Ayuntamiento habrá de erogar cerca de 30 millones de pesos para sanear las demandas laborales.

Aunque los representantes del Ayuntamiento han sido requeridos en diversas ocasiones para llevar a cabo la mediación, se ha valido la comuna de personal que tiene vínculos en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECyA) para que no se apliquen los embargos correspondientes.

Sin embargo, de forma incongruente, la candidata del PRI a diputada en el VIII Distrito, usa el empleo como frase de campaña, aunque en los hechos su administración se ha caracterizado por propiciar el terrorismo laboral entre los empleados quienes han tenido que recurrir a las instancias legales tras la negativa de recibir por lo menos un finiquito por el tiempo que devengaron su trabajo.

 

 

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