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A menos de una semana de celebrase comicios en 14 entidades, la violencia recrudeció en la jornada electoral del país, con el asesinato a tiros de José Ricardo Reyes Zamudio, candidato por el partido Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía del municipio de San Dimas, Durango.
En Veracruz se registraron agresiones a tiros y físicas contra candidatos del Partido Acción Nacional (PAN), así como enfrentamientos entre simpatizantes partidistas en los municipios de Xalapa, Tlalixcoyan y Coxquihui.
De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de Durango, el hallazgo del cuerpo de Zamudio ocurrió a las 14:30 horas de ayer, en un paraje denominado El Sauz a 10 minutos de la cabecera municipal Tayoltita, durante un recorrido de vigilancia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
La muerte fue confirmada por el aspirante a la alcaldía de Durango y dirigente de este instituto político, José Ramón Enríquez Herrera, según se informa en una nota del periódico El Universal.
En Veracruz, el candidato del PAN a la alcaldía de Tlalixcoyan, municipio ubicado a media hora del Puerto de Veracruz, Carlos Triana, denunció que su vivienda fue atacada la madrugada con disparos de arma de fuego a manos de desconocidos. Las autoridades determinaron que en el ataque hubo al menos 11 disparos calibre 9 mm, pero sólo uno pegó en el interior de la casa.
Además, el aspirante blanquiazul a la diputación local por el distrito de Xalapa, Eduardo de la Torre Jaramillo, denunció que el sábado pasado fue agredido, junto con varios de sus seguidores, en la ciudad de Xalapa. El candidato presentaba los ojos morados y varios hematomas en las mejillas y frente.
El gobierno de Veracruz, de manera conjunta con la federación, iniciaron investigaciones por las agresiones que sufrieron los candidatos. Mediante un comunicado de prensa, se informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Procuraduría General de la República (PGR) atienden de manera coordinada todas las denuncias que han presentado los políticos.
La PGJE informó que investiga la agresión que sufrió Jaramillo, y que denunció, según consta en la carpeta de investigaciones UIPJ/DX1/3/057/2013.
Mientras, en Coxqihui, de acuerdo con los relatos ciudadanos, durante una gresca entre simpatizantes priístas y de Movimiento Ciudadano fueron detonadas diversas armas de fuego, sin que hasta ahora se reporten lesionados por disparos.
En medio de las acusaciones panistas, el dirigente del PRI en Veracruz, Érick Lagos Hernández, acusó al PAN de generar ellos mismo la violencia que denuncian para ganar votos.
El líder priísta, en compañía de la secretaria general del Revolucionario Institucional, Ivonne Ortega, afirmó que los hechos violentos que se han registrado en contra de candidatos panistas no tienen nada que ver con el proceso electoral.
Mientras, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca dijo que el ataque en el que resultó lesionada la candidata a la diputación local por el PRI-PVEM, Rosalía Palma López, iba dirigido contra su esposo, quien murió junto con una sobrina.
El procurador Manuel de Jesús López López negó que estos hechos estén ligados al proceso electoral.
De gira por Sinaloa, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera, dijo que los gobernadores no deben ceder a las amenazas, chantajes o presiones de la delincuencia organizada, ni bajar la guardia, por el contrario, se requiere que todas las instancias trabajan en forma coordinada.
Subrayó que en el tema de la inseguridad, este fenómeno, no sólo se presenta en entidades federativas donde se desarrollan procesos electorales, puesto que se vive en otras regiones, de ahí su visión que se requiere mayor coordinación en los niveles de gobierno. En Aguascalientes, el PAN estatal presentó ante la PGR una denuncia penal contra el procurador estatal, Felipe Muñoz Vásquez, por obstrucción de la justicia.
PAN y PRI intercambias acusacionespor comicios
Gustavo Madero, dirigente del PAN, quien calificó de "puro show" la reunión del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, con las dirigencias de los tres principales partidos y los 14 gobernadores para la firma del Adéndum del Pacto, que se estableció para garantizar limpieza electoral y el blindaje de los programas sociales, arremetió contra el PRI y el gobierno federal.
"Esa reunión fue mediática y no modificó la conducta de los gobernadores, quienes siguen actuando con impunidad, usando programas federales a favor de los candidatos del PRI", acusó según una nota del diario 24 Horas.
La respuesta del PRI tardó cuatro horas. César Camacho, líder del tricolor, denunció que el gobierno de Baja California desvió mil 350 millones de pesos, provenientes de recursos públicos, para favorecer a candidatos del PAN a gobernador, alcaldes y diputados locales.
El 7 de mayo pasado, los líderes del PRI, PAN y PRD, César Camacho, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, respectivamente, y el presidente Enrique Peña Nieto, acordaron "terminar con el uso electoral de programas sociales en todos los ámbitos y órdenes de gobierno".
Madero advirtió que el Pacto por México está en riesgo debido a las omisiones cometidas por el gobierno federal y los gobiernos estatales para detener o sancionar a quienes han cometido delitos electorales durante las campañas políticas.
"Es muy lamentable, estamos muy conscientes de lo que está en juego, no sólo es el futuro del Pacto, sino el futuro del propio país. Esto es una llamada oportuna para actuar, antes de este 7 de julio, y poder conducir de la mejor manera posible estos comicios", apuntó.
Camacho, por su parte, respondió que ha sido tal la efervescencia de las elecciones que la mesa del pacto por México ha sido insuficiente para resolver las denuncias electorales.
Pero a diferencia del panista, el priista recalcó que aunque el Adéndum es un mecanismo perfectible, se debe confiar en la buena fe de sus firmantes.
Acompañado de miembros de la cúpula del PAN, Gustavo Madero, actualizó el Semáforo de Contingencia Democrática en el país y dio a conocer presuntas irregularidades en Aguascalientes, Chihuahua, Quintana Roo, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Tlaxcala, Baja California y Veracruz previo a los comicios del domingo próximo.
En conferencia, aseveró que el gobierno federal ha optado por el silencio y tolerar el desarrollo de este tipo de acciones ilegales.
Apuntó que de las 67 denuncias presentadas por su partido en los 14 estados con procesos electorales, en ninguna las autoridades han dado seguimiento a las quejas, además de que no hay ningún detenido o sancionado.
El director general jurídico del PAN, Eduardo Aguilar Sierra, presentó nuevas denuncias en donde están involucradas autoridades locales que usan recursos federales para la compra y coacción del voto.
Adelantó que interpondrán denuncias en contra de la primera dama de Chihuahua, Bertha Gómez de Duarte; del procurador de Aguascalientes, Felipe Muñoz, y del gobernador de esa entidad, Carlos Lozano de la Torre.
Por su parte, César Camacho denunció que el gobierno de Osuna Millán desvió mil 350 millones de pesos provenientes de recursos públicos para favorecer a candidatos panistas a gobernador, alcaldes y diputados locales.
Explicó que se tomaron 36 millones de pesos del programa Empleo Temporal para el uso de brigadistas, lo que demuestra que "se trata de una elección de estado".
Indicó que debido a las suficientes evidencias que documentan el desvío de recursos, se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), al tiempo de exigir al gobernador bajacaliforniano sacar las manos del proceso, "pues no tiene derecho a ensuciar una elección".
El líder nacional priista reviró las denuncias señaladas por Madero y dijo que el PRI presentó 110 denuncias en todo el país, 53 más que el PAN e indico que Baja California es la entidad con más denuncias en su haber, por tener 42 quejas, seguido de Puebla con 23, Quintana Roo con 19, Oaxaca con 14 y Veracruz con 12.
Respecto a la violencia que prevalece en los estados, condenó que el uso excesivo de la fuerza quiera dominar a una sociedad que se rige por leyes y pidió no generalizar que los conflictos electorales se resuelven a balazos.
Afirmó que la elección de Baja California será competida y que en caso de un gobierno favorezca a un partido se podría resolver la elección en los tribunales.