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El IFE aprobó el dictamen que establece multar con un total de 341.8 millones de pesos a los siete partidos políticos por irregularidades en el gasto durante el proceso electoral de 2012.
Un año después y tras posponer en tres ocasiones el dictamen, con siete votos a favor y uno en contra, el Consejo General acordó imponer la multa más alta a la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM) que impulsó la candidatura de Enrique Peña Nieto, con 169 millones de pesos por diversas irregularidades.
Además, en las candidaturas donde contendió solo, al PRI se le suma una multa de 28 millones de pesos.
El PVEM será multado con un total de 50.2 millones de pesos: 1.5 millones por las candidaturas donde participó solo y el resto como parte de la coalición, según se informó en una nota del periódico Reforma.
La coalición Movimiento Progresista (PRD-PT-MC), tras las últimas modificaciones al dictamen, será multada con 135.4 millones de pesos, de los cuales 46 millones son por el rebase de tope de gastos de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
En tanto, el PAN será sancionado con 5.5 millones de pesos y Nueva Alianza con 2.5 millones de pesos.
Tras seis horas y media de debate, los consejeros defendieron el dictamen corregido de la Unidad de Fiscalización, y aseguraron que fue imparcial y se garantizó la equidad.
Sin embargo, el consejero Alfredo Figueroa, quien se pronunció en contra, afirmó que el dictamen aprobado no es legal.
De acuerdo con las cifras aprobadas, los gastos globales reportados por los partidos y coaliciones, en conjunto, ascendieron a 2 mil 572 millones de pesos.
La Unidad de Fiscalización agregó a lo reportado por los partidos 394 millones derivados de las auditorías.
La que más gastó fue la coalición Compromiso por México, al reportar 748 millones de pesos, seguida de la coalición Movimiento Progresista, que erogó 694 millones de pesos.
Al discutir las multas a los partidos, los consejeros del IFE admitieron que el modelo de fiscalización vigente es insuficiente, pero también criticaron el gasto excesivo de las campañas.
Desde el arranque de la sesión extraordinaria del Consejo General, el consejero presidente, Leonardo Valdés, llamó a los partidos a aceptar sus errores y respetar las sanciones que les fueron establecidas.
"Ejercer únicamente recursos lícitos y respetar los topes de gastos de campaña, es responsabilidad exclusiva de los partidos políticos, y cuando no acatan la norma legal deben reconocer sus errores y acatar las sanciones que impone la autoridad electoral", demandó.
Añadió que el ejercicio de fiscalización confirma que las campañas electorales continúan siendo una carga excesiva para la sociedad mexicana.
En defensa del proyecto de la Unidad de Fiscalización, Valdés sostuvo que en los 90 días de campaña, partidos y coaliciones erogaron un promedio diario de 28.6 millones de pesos.
"El gasto total de las campañas superó en 53 por ciento el financiamiento público que se otorgó en 2012 para este tipo de actividades", advirtió.
El consejero Lorenzo Córdova puntualizó que los procesos electorales son pruebas del ácido de las normas, procedimientos e instituciones electorales.
"La revisión de los gastos de campaña que hoy llega a su tramo final, nos ha dejado un claro panorama de lo que tendremos que cambiar en esta materia. El cometido es, me parece evidente: fortalecer las reglas y los procedimientos que tienen que ver con la rendición de cuentas y revisar radicalmente las reglas y los procedimientos que tienen que ver con la distribución del gasto", admitió.
El consejero Marco Antonio Baños también subrayó que el trabajo de la Unidad de Fiscalización es imparcial.
Se dio trato diferente al PRI y PVEM
Durante la discusión del dictamen, los representantes del PAN, PRD, PT y MC denunciaron que los consejeros electorales dieron un trato diferenciando a la coalición Compromiso por México, integrada por el PRI y PVEM, así como a su candidato, Enrique Peña Nieto, y anunciaron que impugnaran el dictamen ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En cuanto al modelo de fiscalización utilizado, tanto los consejeros electorales como los representantes de los siete partidos políticos se mostraron insatisfechos y reconocieron se debe fortalecer los mecanismos de revisión de los recursos destinados a los procesos electorales.
Según una nota del diario 24 Horas, el consejero Alfredo Figueroa –quien votó en contra del dictamen- aseveró que no concuerda con éste porque no especifica los fundamentos en que se basó la Unidad de Fiscalización para el proceso de revisión de los gastos de campaña.
Alfredo Botello Montes, representante del Poder Legislativo del PAN, acusó a Alfredo Cristalinas, responsable de la Unidad de Fiscalización, de no fiscalizar de acuerdo con la ley y aplicarle al PRI criterios distintos al resto de los partidos políticos.
Señaló que en cada ocasión que el dictamen sobre revisión de gastos (este fue el cuarto) era regresado a la Unidad de Fiscalización "le bajan las multas" e irregularidades al PRI, "es normal que tanto los representantes de PRI y PVEM defiendan a su presidente, a Enrique Peña Nieto, pero pareciera que esta autoridad hace lo mismo".
Recordó entonces el "oprobioso" caso de Monexgate, en donde la Unidad de Fiscalización encontró irregularidades, empresas que no debieron participar, triangulación de millonarios recursos a través de cinco bancos y varias empresas "y esta autoridad decidió no sancionarlos aquel día y no sancionarlos hoy".
Todo, dijo, porque en este consejo "no se decide a revisar con seriedad el caso Monexgate. Y en el caso de los gastos de campaña, añadió, ha habido tres dictámenes y en cada uno de ellos el PRI y el PVEM van a la baja en multas, "a este paso vamos terminar debiéndole dinero a Enrique Peña Nieto por el caso Monex".
El diputado panista mencionó que, ante estos criterios de la Unidad de Fiscalización y el aval del consejo general, "es indispensable acudir a la autoridad electoral porque no puede haber triangulaciones ilícitas como en Monex, ni prorrateo por coaliciones parciales, ni el uso de gastos no reportados, la autoridad debe investigar de los costos reales de cada cosa que no se reportó y no sacar medias".
A su vez, el representante del PAN ante el IFE, Rogelio Carvajal, adelantó que su partido no irá a otra elección con estas reglas, por lo que adelantó que serán motivo de análisis en cambios a la ley electoral. Entre los cambios que habrá esta que se anule la elección cuando hay rebase de tope de campaña y si hay reincidencia de dicho partido que pierda el registro como tal.
De acuerdo con una nota de la agencia de Proceso, en cada una de sus intervenciones, el panista Carbajal hacía uso del dictamen para mostrar cada una de las preferencias e inequidades en que incurrió la Unidad de Fiscalización al realizar su auditoria; y a cada reclamo argumentado el presidente del IFE, Leonardo Váldes no respondió.
No así con la coalición Movimiento Progresista conformada por PRD, PT y MC para quien Váldes Zurita tuvo todas sus intervenciones. Cada vez que el presidente del consejo hacia uso de la palabra era para reclamar a la izquierda, con el dictamen de la Unidad de Fiscalización, una explicación. Centró así sus baterías contra la izquierda.
Sarcástico, el representante del Poder Legislativo por MC, Ricardo Mejía Berdeja, cuando Valdés Zurita le preguntó si aceptaba una pregunta, pues en ese momento argumentaba a favor de su partido, éste le reviró: ¿como presidente de este consejo o como representante del PRI?.
La acción generó un silencio en el salón y un desfiguro en la cara de Valdés Zurita, quien le reclamó: "Sea cuidadoso en sus palabras porque no soy representante de ningún partido".