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Fueron declarados formalmente presos otros tres ex funcionarios de la administración del gobernador panista Luis Armando Reynoso Femat, a quienes la Procuraduría de Justicia del Estado encontró supuestamente responsables de peculado y ejercicio indebido del servicio público en complicidad con el ex gobernador.
De acuerdo con una nota de la agencia de noticias de Proceso, el juez Tercero de lo Penal, Yuri Berthaud Reyes, dictó el auto de formal prisión contra David Cisneros Castro, quien fue subsecretario de Promoción y Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico; Jaime Santos Landín, quien fungió como director general jurídico de la Secretaría de Gestión e Innovación, y Miguel Marín Bosque, quien fue director de Normatividad de la Secretaría de Finanzas.
Estos funcionarios, según una de las averiguaciones iniciadas por la Procuraduría que apuntan a actos de corrupción en el sexenio de Luis Armando Reynoso. Presuntamente participaron en procesos de donación ilegal de terrenos a través del fideicomiso de desarrollos industriales del estado, lo que causó un daño al patrimonio estatal estimado en 18 millones de pesos.
Para estas donaciones irregulares se utilizó como pantalla la entrega de un terreno para la construcción de una unidad del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) en el estado.
“Dentro del término procesal ampliado, el juez Yuri Berthaud Reyes consideró que existen en el expediente elementos suficientes para procesar penalmente por peculado y ejercicio indebido del servicio público a dichos ex funcionarios, que participaron en la donación de los terrenos y que utilizando al CIDE como distractor, beneficiaron a empresas particulares de dudosa existencia”, informó el Tribunal Superior de Justicia.
La instancia dio a conocer que esta tarde les fue notificado el auto de formal prisión a los tres ex funcionarios desde la ventanilla de prácticas del Centro de Readaptación Social.
Igual que ocurrió con el notario público Fernando Quezada Leos –a quien el mismo juez dictó formal prisión ayer– los tres ex funcionarios referidos se reservaron su derecho a declarar.
Además, informó el Tribunal Superior, ninguno de ellos ha solicitado que les sea fijada la fianza a que tienen derecho.
“Incluso Fernando Quezada expresamente le solicitó al juez que ésta no le fuera fijada”, se indicó.
A través de un comunicado, el Poder Judicial del Estado señaló que el fedatario habría cometido el delito de encubrimiento en la donación ilegal por parte del Fideicomiso de Desarrollos Industriales de Aguascalientes en la pasada administración, causando un perjuicio por un monto superior a los 18 millones de pesos a las arcas del estado.
Según otra nota del diario 24 Horas, el juez tercero de lo penal reclasificó el delito del que inicialmente se le acusaba a Quezada Leos por la presunta comisión de peculado, tras vencer el término procesar ampliado, y no encontrar elementos suficientes para acreditarlo.
Bertthaud Reyes consideró que no hay elementos suficientes para procesar penalmente por peculado al notario de referencia, pero sí por el delito de encubrimiento, del peculado cometido en la donación de los terrenos que utilizando al Centro de Investigación y Docencias Económicas de Aguascalientes como presunto distractor, para beneficiar a empresas particulares de dudosa existencia.
Quezada Leos fue detenido el martes 16 de julio, reservándose su derecho a declarar hasta cuando él considere conveniente.
El encubrimiento conforme al Código Penal del estado consiste en prestar auxilio a los que cometen un delito a sabiendas de ello, o bien retardar intencionalmente la denuncia de hechos punibles a la autoridad competente y se hace merecedor a una pena de uno a seis años de cárcel y de 50 a 200 de días multa.
Los únicos que actualmente enfrentan procesos judiciales en su contra por este asunto y la demanda por la compra simulada de un tomógrafo son el propio ex gobernador Luis Armando Reynoso –gracias a un amparo- y el ex director de Nafinsa Benjamín Salas, este último libre porque el Juez Tercero no encontró elementos suficientes que demostraran su posible responsabilidad en el caso de los terrenos donados.