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Versión del discurso de la senadora Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, durante la Segunda Jornada de análisis y reflexión: “El Sistema General para la Garantía de Derechos y los Sistemas de Asistencia Social y Protección Especial de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia: Diferencias e interacciones”
Buenos días a todos, muchísimas gracias.
Antes que nada, celebrar esta segunda jornada que está organizando la Comisión Especial para la Adolescencia y la Niñez. Muchísimas gracias, senadora Martha Elena García, como siempre, una luchadora en este tema; nuestro reconocimiento.
Bienvenida también la maestra Marcia. Decirle que es un honor tenerla aquí. Alguien que conoce no sólo el tema de niñez, sino en su conjunto todo el combate a la pobreza, en donde los niños son sumamente vulnerables y agradecerle, por supuesto, a UNICEF también el hecho de que nos acompañe hoy aquí en el Senado de la República. Un honor contar con todos ustedes y con todas las organizaciones civiles que están aquí presentes.
Con las reformas y transformación del México moderno se ha modificado la concepción que se tenía respecto a las niñas, niños y adolescentes, al pasar de ser considerados únicamente como beneficiarios del Estado a ser considerados como sujetos de derecho.
Actualmente la Constitución Política señala expresa y específicamente, en su artículo 4º, párrafos ocho, nueve y diez, los derechos de los menores y la garantía de que el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez.
Además, existen compromisos internacionales que obligan a nuestro país respecto a la protección, promoción y ejercicio pleno de los derechos de la infancia.
Y es que México es un país con una tasa poblacional muy alta, 117 millones de personas, de las cuales, y de acuerdo con el último censo del INEGI, más de 32 millones son niños entre los cero y 14 años.
De ahí la importancia de contar con un sistema estatal sólido que garantice y haga efectivo los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
Lamentablemente se debe reconocer que a pesar de los avances de nuestro sistema jurídico sobre el tema, estamos muy lejos de lograr el pleno goce y ejercicio de los derechos de la niñez, pues persisten y subsisten prácticas y acciones que lesionan el pleno desarrollo de miles de niñas, niños y adolescentes en México.
Hoy en día muchos menores mexicanos son víctimas de abusos y explotación laboral o sexual. Así por ejemplo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ―espero que la cifra sea correcta― calcula que al menos 16 mil niños en México son víctimas de la trata de personas ―una de las comisiones que yo presido y que lamentablemente este flagelo es considerado el segundo que más ganancias deja a los delincuentes―, un delito terrible. Pero también esos niños son víctimas del abandono y el descuido familiar, de la explotación laboral, del desencanto y yo diría, del desinterés social.
Además, muchos pequeños y jóvenes en México siguen sin gozar de sus derechos básicos para el desarrollo como la educación, tal como lo revela el Censo 2010 al destacar que 3.6 por ciento de la población de 8 a 14 años no sabe leer ni escribir, y que 29.6 por ciento de éstos no asiste a la escuela.
Asimismo, hace apenas unos días fuentes oficiales revelaron que más de 14 mil jóvenes abandonan la educación media.
Otros datos oficiales revelan que uno de cada diez niños, 10.7 por ciento, de 5 a 17 años formaron parte de la población ocupada.
Asimismo, en el año 2010, 520 mil niños, es decir 1.6 por ciento de la población infantil de México, reportó tener alguna discapacidad, y 1.4 por ciento de la población de 8 a 14 años no sabe leer ni escribir, de los cuales 24.0 por ciento no asiste a la escuela.
Pero más allá de las estadísticas, en el día a día vemos a cientos de niñas y niños pidiendo dinero en las calles, en el trabajo jornalero, viviendo en situación de calle, entre violencia familiar, sin ser o estar realmente protegidos por el Estado ni por la sociedad.
De ahí la importancia de redireccionar, cambiar o perfeccionar la política social en nuestro país para lograr el verdadero goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
La asistencia social debe ser el vector institucional sensible que ha de extender eficazmente sus beneficios hacia las personas menores de edad, que son los más expuestos a situaciones de vulnerabilidad.
Es por ello que esta jornada de reflexión es de gran relevancia, la celebramos, para conocer de expertos las diferencias entre las garantías de los derechos de los menores y los sistemas de asistencia social como el producto de la justicia a que el Estado está obligado.
Enhorabuena, y mi reconocimiento a la senadora Martha Elena García, quien organiza este importante foro.
Gracias a todos ustedes.