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  • Gerardo Santillán
Pero también se trata de un modus operandi de los abogados de delincuentes para protegerlos, asevera.

La procuradora del Estado, Alicia Fragoso Sánchez, reconoció que sí ha recibido denuncias sobre casos de tortura al interior de la PGJE en contra de detenidos, a partir de lo cual se han llevado a cabo investigaciones que han terminado con el cese de servidores públicos.

Sin precisar cifras, mencionó en entrevista que han dado de baja y sancionado a elementos por incurrir en esas y otras irregularidades; “Sí ha habido casos, no tengo ahorita el número pero estamos actuando en consecuencia”.

“Las veces en que se nos ha remitido algún asunto por tortura, inmediatamente procedemos con el Protocolo de Estambul para actuar conforme a derecho, el cual es un procedimiento interdisciplinario que se sigue, que es jurídico, de carácter médico, económico y de trabajo social. Son diversos dictámenes que se elaboran para determinar si la persona está afectada o no y demostrar que hay tortura”, explicó.

Sin embargo, matizó que el modus operandi de algunos abogados para tratar de proteger a un delincuente al que asisten, es declarar como medio de defensa que fue torturado por elementos ministeriales durante el proceso de detención, por lo que las denuncias de esa praxis al interior de la Procuraduría del Estado no son necesariamente ciertas.

“Quiero decirle que nosotros hemos recibido quejas y se han recibido denuncias, pero un delincuente cuando es asistido por abogados, un medio de defensa es decir que fue torturado. Basta con que diga eso para que el juez esté obligado a dar vista a la Procuraduría y realizar las investigaciones, ahora me doy cuenta como trabajan”, expuso.

Fragoso Sánchez recalcó que entre los grupos de litigantes “hay de todo”, en referencia a quienes actúan con ciertos mecanismos de trampa para hacer querer ver que se practica la tortura al interior de la PGJE sin que sea real del todo.

Por otro lado, la abogada de Tlaxcala dijo que las investigaciones de los dos secuestros acontecidos en mayo y junio de este año ya concluyeron en la Procuraduría, al consignar y estar sujetos a procesos ante el Poder Judicial a tres responsables, así como con el rescate de una de las víctimas.

Uno fue el caso del joven huamantleco que fue privado de la vida en Tequexquitla, del que se detuvo a una mujer, un hombre y un menor; así como el de una mujer que secuestro a una persona en Acuamanala pero cuya víctima resultó rescatada.

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