- Seguridad
En el trimestre abril, mayo y junio de este año, las comunas de Apizaco, Huamantla y Tlaxcala han tenido un aumento de la incidencia delictiva, a pesar de que cuentan con recursos federales del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun) de hasta 10 millones de pesos cada uno.
Así los pone en evidencia el “Análisis de estacionalidad trimestral de la incidencia delictiva 2013” realizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el que se observa un repunte de los índices de inseguridad en esos tres municipios denominado “incremento casual”, respecto a los delitos del fuero común cometidos en ese periodo en comparación con el mismo pero de 2012.
Apizaco, con 76 mil 492 habitantes, registró 267 delitos del fuero común en el último trimestre, contra 222 en el mismo lapso pero del año pasado. En este municipio han sido recurrentes las quejas sobre la inseguridad que prevalece, incluso en los pasados comicios, los candidatos del PT – PRD, del Verde y del PRI a la alcaldía, centraron sus críticas a ese problema y culparon de tal situación al alcalde panista, Orlando Santacruz Carreño.
Huamantla, a su vez con 84 mil 979 habitantes, reportó 160 delitos contra 118; mientras que Tlaxcala con 89 mil 795, registró 354 contra 302.
La tasa de incidencia delictiva de Apizaco por cada 100 mil habitantes es de 349.1, la de Huamantla es de 188.3 y la de Tlaxcala es de 394.2. Todas ellos igualmente aumentaron por consecuencia.
El 28 de febrero pasado, el gobierno estatal junto con esos tres ayuntamientos, firmaron el convenio de adhesión con el SESNSP para el otorgamiento del Subsemun, el cual tiene por objeto de fortalecer el desempeño de las funciones en materia de seguridad pública mediante la profesionalización y equipamiento de sus cuerpos de seguridad, mejora de la infraestructura de las corporaciones, así como desarrollar y aplicar políticas públicas para la prevención social del delito, para salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, atendiendo los programas con prioridad nacional.
El documento especifica que cada una de las comunas puede recibir hasta 10 millones de pesos por parte de la federación y los ayuntamientos tendrán que aportar un 25 por ciento de ese monto para contribuir con las acciones de seguridad, es decir, con 2.5 millones de pesos.
La primera ministración de esos recursos correspondientes al 40 por ciento del total, tuvieron que solicitarla desde el pasado 15 de marzo y la segunda el 15 de junio.